El avance histórico de Uruguay, que legalizó la eutanasia tras más de una década de discusión, reavivó el debate en Argentina, donde desde hace años existen proyectos de ley que buscan garantizar el derecho a decidir sobre el final de la vida.

Legisladores de distintos espacios políticos —del peronismo, la UCR y el PRO— presentaron en los últimos años diversas propuestas de “ley de buena muerte” o de eutanasia médicamente asistida, aunque ninguna logró tratamiento en el recinto.

De la Ley de Muerte Digna a los proyectos de eutanasia activa

Argentina fue pionera en la región con la Ley de Muerte Digna de 2012, que permite rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento ante enfermedades terminales.

La norma surgió luego del caso Bahamonde, en el que la Corte Suprema reconoció el derecho a la llamada “eutanasia pasiva”. Sin embargo, el país nunca avanzó en la regulación de la eutanasia activa, es decir, la asistencia médica legal para morir.

En ausencia de una ley específica, pacientes y familias que buscan poner fin a padecimientos extremos deben enfrentar procesos judiciales largos y costosos, sin garantías uniformes en todo el país.

Hoy existen cinco proyectos con estado parlamentario, bajo distintos nombres pero con objetivos similares: “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” o “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”.

Propuestas transversales y diferencias entre los textos

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), aliado de Javier Milei, impulsa desde 2021 una iniciativa que regula la eutanasia activa bajo los principios de autonomía, dignidad y libertad personal.
El proyecto, acompañado por la senadora Mariana Juri, permite acceder a la asistencia a partir de los 16 años, establece requisitos estrictos de consentimiento y evaluación médica, y garantiza la cobertura total en el sistema público y privado.

También prevé la creación de comisiones médicas provinciales y habilita la objeción de conciencia individual con obligación de derivación.

En junio de 2024, el diputado Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) presentó un texto de 24 páginas y 27 artículos que despenaliza tanto la eutanasia activa como el suicidio asistido. Introduce la exención de responsabilidad penal y civil para los profesionales que actúen conforme a la ley, y exige nacionalidad argentina o residencia superior a dos años para acceder al procedimiento.

Desde el kirchnerismo, 14 diputados de Unión por la Patria, encabezados por Carolina Gaillard y Gabriela Estévez, propusieron una “ley de muerte voluntaria médicamente asistida”.

El proyecto, con enfoque de derechos humanos y autonomía personal, exige ser mayor de 18 años, integra los cuidados paliativos al proceso y contempla la creación de una Comisión Nacional de Supervisión, con representación interdisciplinaria.

En abril de 2023, un grupo de legisladores de la UCR y el PRO, encabezado por Jimena Latorre e integrado por Margarita Stolbizer, Karina Banfi, Sabrina Ajmechet, Martín Tetaz y Danya Tavela, también presentó un proyecto similar. El texto propone un marco de “regulación de la eutanasia o buena muerte” y fue derivado a la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (PRO).

Los obstáculos políticos y sanitarios para el debate

A pesar de la diversidad de firmas, ninguna de las iniciativas logró avanzar en comisiones. Las prioridades del Congreso durante el último año estuvieron enfocadas en otras urgencias del sistema sanitario, como la crisis en el Hospital Garrahan o la reforma del ANMAT, impulsada tras los casos de intoxicación por fentanilo contaminado.

“Es un tema interesante, pero el problema es el momento. La eutanasia no puede discutirse sin garantizar antes cuidados paliativos de calidad”, sostuvo el diputado tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El legislador también reconoció que la iniciativa enfrenta fuertes presiones religiosas, tanto de sectores católicos como evangélicos y judíos ortodoxos, y cuestionó que el Gobierno “achique el presupuesto en salud y cierre organismos como el Instituto del Cáncer”.

Apoyo social y consenso médico creciente

Más allá del freno político, distintos estudios revelan un amplio respaldo social y médico a la regulación de la eutanasia.

Una investigación del Conicet, presentada en 2023 ante la Cámara de Diputados, mostró que el 80% de los profesionales de la salud está a favor de una ley que regule la práctica. De 745 médicos encuestados, 45% recibió consultas sobre eutanasia de pacientes y 53% de familiares.

En paralelo, una encuesta del Observatorio Pulsar.UBA, realizada entre el 27 de mayo y el 4 de junio, indicó que el 77% de los argentinos apoya que las personas puedan decidir sobre su propia muerte en casos médicos extremos.

El dato confirma que la sociedad argentina avanza más rápido que su clase política en el debate sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente.