Representantes del sector privado de la salud expresaron preocupación por el vencimiento de la emergencia sanitaria, previsto para fines de 2026. Según las entidades, unas 5.000 clínicas y sanatorios podrían enfrentar dificultades financieras si no se prorroga el régimen. La medida, vigente desde 2001, contempla protecciones frente a embargos vinculados con obligaciones fiscales y previsionales.

Según informes de cámaras empresariales, la diferencia entre costos e ingresos del sector alcanzó el 57% en diciembre de 2023. Para octubre de 2026, ese desfasaje se había reducido al 26%, aunque persistían diferencias entre los establecimientos. Las entidades señalaron que los prestadores dependientes del PAMI y las obras sociales enfrentaban mayores dificultades, especialmente en el interior del país.

En la Cámara de Diputados se analizaba una propuesta de reforma del sistema prestacional de salud. El proyecto contemplaba regularizar obligaciones fiscales y previsionales en hasta 180 cuotas, además de establecer protecciones ante embargos y compensaciones por créditos del PAMI. Hasta el 18 de octubre, todavía no se había definido la presentación formal de la iniciativa.

Las obras sociales también plantean dificultades de financiamiento

Las obras sociales sindicales también expresaron preocupación por sus condiciones de financiamiento. Un informe de la Confederación General del Trabajo (CGT) indicó que el 78,5% de sus beneficiarios realizaba aportes inferiores al costo del Plan Médico Obligatorio. La central sindical sostuvo que algunas entidades necesitaban asistencia económica de sus respectivos gremios para mantener las prestaciones.