La Justicia de Tucumán condenó a Carlos Maximiliano Ledesma a tres años de prisión de ejecución condicional por hacerse pasar por agrimensor matriculado y cobrar dinero a familias a cambio de trámites catastrales, planos y documentación que resultaban ser falsos.

La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado pleno, en el que Ledesma admitió su responsabilidad por los delitos de usurpación de título, estafa y falsificación y/o adulteración de documento público, estos últimos en tres oportunidades y en concurso real.

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Centro Judicial Capital, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto presentó ante el juez los términos del acuerdo y las pruebas reunidas durante la investigación.

Se hacía pasar por agrimensor y utilizaba una matrícula falsa

De acuerdo con la investigación, Ledesma ofrecía sus servicios en distintas localidades de Tucumán, entre ellas El Naranjito, Banda del Río Salí y Lules. Allí se presentaba como “Agrimensor Topógrafo” y aseguraba poder realizar gestiones vinculadas con mensuras, loteos y regularización dominial.

Para reforzar la apariencia de legalidad, utilizaba un sello con la matrícula “M.P. 213”, que en realidad pertenecía a otro profesional matriculado. También entregaba recibos y documentación que aparentaban corresponder a trámites oficiales.

La investigación permitió establecer además que confeccionó instrumentos públicos falsos, entre ellos una supuesta resolución comunal de El Naranjito. También habría utilizado planos con firmas falsificadas que fueron atribuidas a autoridades técnicas del Colegio de Agrimensores de Tucumán.

Prometía trámites ante Catastro que nunca se realizaban

El mecanismo consistía en cobrar dinero a las víctimas bajo la promesa de gestionar escrituraciones, inscripciones y trámites ante la Dirección General de Catastro. Sin embargo, las presentaciones nunca eran realizadas formalmente ante los organismos correspondientes.

La maniobra terminó afectando a seis personas, que sufrieron un perjuicio económico como consecuencia de los pagos realizados para obtener documentación y gestiones que no se concretaron.

Además de los tres años de prisión condicional, Ledesma deberá cumplir durante ese período una serie de reglas de conducta. Entre ellas se encuentran fijar residencia y someterse al control de la Oficina de Probation, abstenerse del consumo abusivo de alcohol y estupefacientes y mantener una prohibición de acercamiento o contacto de menos de 200 metros con las víctimas.

La Justicia también dispuso el decomiso del teléfono celular utilizado para cometer los ilícitos. A esto se suma una reparación económica integral de $820.000, que será distribuida entre los seis damnificados.