El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, avanzó con obras logísticas y preparativos destinados a iniciar la producción hacia 2028. La iniciativa es desarrollada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas empresas fueron sancionadas por la Argentina por operar en el área sin autorización del Estado nacional.

La inversión prevista asciende a US$2.100 millones e incluye instalaciones terrestres, infraestructura portuaria y equipamiento para la extracción, el almacenamiento y la descarga de petróleo. Rockhopper difundió imágenes de áreas destinadas al acopio de materiales y trabajos de acondicionamiento en el puerto de las islas. El plan contempla además un complejo de alojamiento, un helipuerto y capacidad para recibir a unos 260 trabajadores.

El consorcio informó también la contratación de una plataforma de perforación y el alquiler de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Esos equipos resultan necesarios para avanzar hacia la etapa operativa del yacimiento. Las compañías sostienen que cuentan con las autorizaciones de las autoridades británicas y de la administración isleña.

El rechazo de la Argentina al proyecto

El Gobierno argentino cuestionó la explotación por considerar que se realiza en un área sometida a una disputa de soberanía y sin autorización nacional. La Cancillería señaló que el proyecto contradice la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso de negociación. Desde esa posición, la Argentina considera ilegítimas las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera desarrolladas en la zona.

Los cuestionamientos fueron acompañados por dirigentes de distintos espacios políticos. La controversia se sumó a otros episodios relacionados con la presencia británica en el Atlántico Sur y con el reclamo argentino sobre las islas. Hasta el momento, las presentaciones diplomáticas no detuvieron el cronograma anunciado por las empresas.

El Gobierno de Israel sostuvo que la participación de Navitas corresponde a una decisión comercial de una compañía privada. Rockhopper, por su parte, afirmó que opera con el respaldo de las autoridades del Reino Unido. Las diferencias muestran que el proyecto combina intereses empresariales con una disputa diplomática que permanece abierta.

Navitas restringe desde la Argentina el acceso a parte de la información publicada en su sitio web. Rockhopper mantiene una comunicación más amplia sobre los avances de las obras y los contratos firmados. Esa diferencia limita el acceso público a los detalles completos de la participación de la empresa israelí.

Las proyecciones de producción y recaudación

Sea Lion tendría recursos estimados en alrededor de 1.300 millones de barriles de petróleo. Las proyecciones citadas por las compañías contemplan una producción de 50.000 barriles diarios en 2029 y de hasta 130.000 hacia 2032. El volumen definitivo dependerá del desarrollo de los pozos, la infraestructura disponible y las condiciones económicas del proyecto.

Los inversores calculan que la explotación podría generar unos 280 millones de libras esterlinas hacia 2034. De cumplirse esas previsiones, la producción de las islas adquiriría un peso relevante dentro del sector petrolero británico, en un contexto de declive de los yacimientos del Mar del Norte. Las cifras corresponden a estimaciones empresariales y todavía están sujetas al avance efectivo de la operación.

El informe también menciona ingresos elevados por impuestos, permisos y regalías para la administración isleña. Esos recursos serían destinados a obras de energía, conectividad, tratamiento de residuos y ampliación portuaria. Entre los proyectos evaluados aparecen una central eléctrica diésel, nuevas turbinas eólicas y mejoras en los servicios públicos.

La expansión petrolera despertó, al mismo tiempo, planteos por sus posibles consecuencias ambientales. Habitantes de las islas solicitaron controles sobre el impacto de las perforaciones y del tránsito marítimo en la fauna del Atlántico Sur. Las empresas deberán aplicar los requisitos ambientales establecidos por las autoridades que administran el territorio.

Nuevas conexiones comerciales con la región

El crecimiento esperado de la actividad generó interés en empresas logísticas de países vecinos. La compañía chilena Easter Island Naviera (EIL) analiza establecer un servicio mensual de cargas entre Punta Arenas y las Malvinas. Representantes de la firma mantuvieron reuniones con empresas locales y presentaron la propuesta ante la cámara de comercio isleña.

La conexión permitiría trasladar insumos y materiales necesarios para la operación petrolera desde el continente. Las islas ya mantienen vínculos comerciales con Chile mediante el transporte marítimo y los vuelos operados por LATAM entre Punta Arenas y la base de Mount Pleasant. Por esas rutas ingresan alimentos, productos pesqueros y otros suministros.

El avance de Sea Lion incorpora una nueva dimensión económica a la disputa por las Malvinas. Para las empresas y las autoridades isleñas, representa una fuente potencial de producción, empleo e ingresos fiscales. Para la Argentina, se trata de una explotación de recursos naturales realizada sin su consentimiento en un espacio sobre el que mantiene un reclamo de soberanía.