Tras la orden del Ministerio Público Fiscal de suspender las audiencias contra Miguel «Miguelón» Figueroa, un capo narco acusado de varios asesinatos, Osvaldo Jaldo se pronunció en contra de la anulación del proceso judicial: “Soy muy respetuoso de la división de poderes, pero no comparto la idea de que se suspenda este juicio por una amenaza».

El mandatario provincial, aseguró que están dadas las garantías para levarse a cabo el juicio, pero que de resultar necesarias, se podrían agregar más. Con esto, se refiere a la seguridad de los implicados tanto a nivel de funcionarios judiciales hasta la protección de los testigos que involucra la causa.

El dirigente agregó: “Los que hemos asumido la responsabilidad de estar al frente de un cargo, debemos tener la valentía suficiente para afrontar nuestras obligaciones. Si no pueden hacerlo, deben irse a sus casas”. Y continuó: “Todos estamos expuestos a sufrir amenazas, inclusive el gobernador. Pero sepan los tucumanos que desde mi puesto voy a ejercer el poder y hacer cumplir la constitución. Espero que los representantes de los otros poderes hagan lo mismo porque deben cumplir el rol que constitucionalmente les corresponde. No podemos dar ni un paso atrás ante este tipo de situaciones, sino que debemos acelerar los tiempos”, dijo en diálogo con La Gaceta.

La anulación del juicio

Una amenaza provocó la suspensión del proceso judicial de Miguelón que, aparentemente, las autoridades judiciales no toman a la ligera. A través de Instagram, una cuenta creada desde el mismo penal, se usa para amedrentar a fiscales y testigos.

En el posteo, Figueroa increpaba al fiscal que se hace cargo de su causa y al Ministerio Público Fiscal, advirtiéndoles que son inventores y que si lo condenan a perpetua, «se van a arrastrar como víboras». Esto fue publicado días antes que comenzara el juicio, acusado de un doble crimen donde murieron Leonardo Sepulveda y Héctor Gabriel Amaya, como resultado de un ataque de venganza ideado por «Miguelón».

Ante esto, la oficina de acusaciones del Poder Judicial, inició una investigación que apunta contra el ministro de seguridad Eugenio Agüero Gamboa y el director del penal Antonio Quinteros, para determinar el fin de cómo accionaron estos funcionarios ante las amenazas por redes sociales del acusado, quien desde una red social creada en el penal de Villa Urquiza, logró difundir un mensaje intimidatorio.

Por su parte, el miércoles a la madrugada, el jefe de la policía, Joaquin Girvau, ordenó el desplazamiento de un operativo de prevención en Villa 9 de Julio, ante esto fueron detenidas 22 personas por contravenciones. El ministro fiscal, por su lado, no dio declaraciones, pero ordenó la suspensión de los debates por falta de seguridad.