El Gobierno anunció un plan de modernización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este incluirá la venta de propiedades en todo el país y un recorte de personal que podría alcanzar a 1700 puestos de trabajo en los próximos meses. La medida comenzó a tratarse hoy en la reunión plenaria del Consejo Directivo del instituto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que darán de baja 227 incorporaciones realizadas el año pasado y asegurando que el 50% de sus 6.852 empleados ingresó entre 2007 y 2015. Según el Gobierno, la medida se debe a que “de los USD 250 millones al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos”.

El INTA tiene actualmente 6.466 empleados. Nicolás Bronzovich, actual presidente del organismo, prevé concretar una reducción de 1.734 puestos de trabajo, entre técnicos, profesionales, personal de apoyo y becarios, hasta principios de 2025. El ajuste de personal ya comenzó a ejecutarse y ya son 300 retiros voluntarios desde diciembre pasado, sumado a jubilaciones anticipadas y la no renovación de contratos. También se prevé la venta de vehículos, la eliminación de la flota de celulares y reducción de viáticos. Finalmente, se venderían decenas de propiedades incluida la sede central calle Cerviño y Ortiz de Ocampo, ubicado en una cotizada zona del barrio de Palermo, la cual tendría un precio base de USD 6,3 millones.

La visión del Gobierno

La entidad autárquica se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía. Es por eso que el consejo deberá aprobar o no dicha intervención. Al respecto, Adorni confirmó que la reunión comenzaría hoy a partir de las 10 de la mañana. «Ojalá que opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones”, sostuvo Adorni.

«Es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron lamentablemente desvirtuados por la gestión anterior. Desde 2007 el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con lo agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar. La participación privada en las investigaciones es inferior al 10% y el objetivo es que esta cifra aumente al 30% en 2027. “Se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política. Ninguna oficina estatal tiene derecho a extirparle la riqueza a los argentinos”, concluyó el portavoz.