El gobernador Osvaldo Jaldo instó a acelerar la revisión interna a empleados públicos por el posible otorgamiento de planes Potenciar Trabajo. La medida surge a raíz de las investigaciones de la Justicia Federal por las irregularidades en el otorgamiento del beneficio a nivel nacional. La denuncia se originó por una auditoría en la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello. La misma determinó que miles de empleados públicos percibían indebidamente el beneficio, ya que solo estaba destinado a trabajadores desocupados y precarizados.

El caso es analizado por el fiscal federal, Guillermo Marijuan. La Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit, requirió a la provincia, los legajos de 1.135 agentes públicos. Estos estarían bajo sospecha por una posible incompatibilidad en el otorgamiento de beneficios sociales. Desde el ejecutivo provincial, advierten que los casos serían menos. Tras la revisión interna de los datos oficiales, las autoridades explicaron que de la nómina enviada, se encontraron alrededor de 700 beneficiarios activos. Además, sostienen que de los 1.135 sólo 956 empleados corresponden a la provincia. Por otro lado, detallaron que 230 fueron dados de baja cuando se eliminó la Unidad de Reconversión Laboral (UNREL)

Áreas comprometidas

El secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia, Julio Saguir, brindó precisiones de la investigación. “La primera tarea consistió en notificar a los empleados a través de sus respectivas reparticiones responsables, para realizar un descargo de su situación. A partir de allí, se ordenó a cada organismo llevar adelante el proceso sumarial. Esta tarea ya ha sido realizada. En este momento se han notificado Capítulos de Cargo con las imputaciones respectivas para cada uno de los agentes involucrados”, señaló Saguir, quien tiene bajo su órbita la Dirección de Recursos Humanos. Esta es una de las áreas que trabajan en la investigación junto a la Fiscalía de Estado, a cargo de María Gilda Pedicone de Valls.

“Los sumarios administrativos están muy avanzados y proveyendo al fiscal Chit los legajos y boletas de sueldo de cada uno de las agentes incluidos en la nómina, información provista por la administración centralizada, los órganos desconcentrados y entes autárquicos de la Administración Pública Provincial. Los sumarios, con aconsejamiento de bajas, están prontos a concluir y simultáneamente se está informando al fiscal todo lo solicitado para contribuir al esclarecimiento de las irregularidades”, detalló Saguir. Los trabajadores con incompatibilidades cuyo proceso está avanzado integran las siguientes áreas: Administración Centralizada (56 agentes); Siprosa (62); Instituto Provincial de la Vivienda (4); Ente Autárquico Tucumán Turismo (4) y el Ente de Infraestructura Comunitaria (1).