El juez federal Sebastián Casanello citó para este viernes al expresidente Alberto Fernández para ampliar su indagatoria en la Causa Seguros. La declaración se realizará este viernes a las 10 de la mañana.

Fernández ya fue indagado en noviembre de 2024, pero en ese momento la causa estaba a cargo de Julián Ercolini. En esa declaración, el expresidente solo contestó preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, y presentó un breve escrito en el que defendió el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.

Sobre los intermediarios que aparecían en las pólizas, Fernández aseguró en ese momento que “no genera una erogación del erario público” y destacó que se limitaron las comisiones al 10 por ciento por una decisión interna de Nación Seguros. Además, el expresidente intentó despegarse de los brokers: “Si usted pregunta a cualquiera de seguros, quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros”.

Ahora, ante una inminente definición de su situación procesal, el exmandatario pidió ampliar su indagatoria. Casanello lo citó en apenas 24 horas. “Fue rápido a pedido de la defensa, que tenía un viaje previsto”, dijo una fuente judicial.

Más temprano, la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes de Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. El tribunal además reclamó que el juez Casanello resuelva la situación procesal de todos.

El fallo era muy esperado por la mayoría de los empresarios investigados. Desde abril, cuando el juez ordenó la inhibición y los embargos, no podían vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tenían accesos a sus cajas de seguridad.

Además del ex mandatario, la inhibición afectaba extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, al broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, a las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, TGG Broker, entre otras. En total, son 51 personas y empresas.

En un fallo dividido, el tribunal sostuvo que las medidas cautelares no se justifican ante la falta de una definición sobre la situación procesal de los imputados.