Luego del escándalo de los seguros que involucró en la causa al expresidente Alberto Fernández, el gobierno prohibió los intermediarios en todas las contrataciones de seguros que realicen los organismos públicos. Lo decidió el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El ministro informó a sus pares a través de una nota. La decisión transcurre en medio de la investigación judicial que tiene como uno de los sospechoso al exmandatario. El texto fue enviado a Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello, Karina Milei, Javier Herrera Bravo, y Eduardo Serenellini. “Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones, deberán efectuarse sin mediar intermediación”, dice la breve nota.

Avanza la investigación

Hasta ahora el Gobierno aportó información a la causa a través del Ministerio de Capital Humano, pero no pudo ingresar como querellante. El juez Julián Ercolini consideró que podría haber más funcionarios implicados. Los investigadores aún revisan documentación que llegó a Comodoro Py durante el mes de marzo. El fiscal Carlos Rívolo quedó a cargo de revisar el patrimonio de todos los implicados. Por esa razón, Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández. Además, pidió que se levante su secreto fiscal y bancario. La misma medida se aplicó para otros exfuncionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. En total son 33 personas y empresas que estarían involucradas. La presunta maniobra defraudatoria se destapó con la intermediación de aseguradoras desde la ANSES.

En paralelo, el escándalo por el desfalco y la contratación irregular de seguros durante la gestión de Fernández crece día a día. El fin de semana, el Gobierno echó a dos funcionarios de Nación Seguros que fueron allanados por orden del juez Ercolini. Se trata del ex gerente general Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual gobierno, y el gerente de compras Marcos Eufemio. El encargado de comunicarles la decisión política fue el presidente de Nación Seguros, Alfonso José Torres.

El decreto de Alberto Fernández

El Gobierno nunca derogó el decreto de Fernández. Este obliga a los organismos públicos a contratar con el Estado. Hasta ahora tampoco había corrido a los intermediarios. De hecho, los brokers cobraron $239.961.680 por contratos con el Estado, según una auditoría de Nación Seguros. En el caso de Bachellier, la empresa que cobró más comisiones en el gobierno anterior, se alzó con $30.884.619 entre enero y febrero de este año. Atrás aparecen Héctor Martínez Sosa ($10.283.903), Castello Mercuri ($21.050.427) y las intermediarias con ANSES, San Ignacio y TG Broker, con $63.739.348. Ambas firmas fueron puestas a dedo por el ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Federico D’Angelo Campos. Al frente de Bachellier figuran Osvaldo Alfredo Tortora y Ricardo Daniel González, pero los investigadores hace tiempo trabajan sobre la hipótesis que la empresa es un satélite de Martínez Sosa.