La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) se sumará a la nueva marcha nacional universitaria convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La medida de fuerza se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 15. El principal reclamo está relacionado a los ajustes en el sistema educativo, en el marco de un posible veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La secretaria adjunta del gremio, Nora Yenad, señaló que la movilización tendrá un impacto todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. “Es un genocidio a los derechos de la educación”, sostuvo.

“Es algo que realmente nos está preocupando porque hace más de 40 años que vivimos en democracia y nunca hemos sufrido lo que estamos sufriendo ahora. Un gobierno que apueste al ajuste en la educación es porque no quiere el progreso de su pueblo”, reflexionó la docente. “Esto es un reclamo para todos” señaló Yenad. La referente gremial reiteró el reclamo por un mayor presupuesto para la educación; la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que paga actualmente la provincia; y recursos adecuados para las casas de altos estudios. “Lo que Ctera le reclama a la Nación es que cumpla con la Constitución”, agregó.

La secretaria adjunta de ATEP respondió a los dichos del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien afirmó que las universidades dibujan las cifras de alumnos para poder generar más puestos docentes y recibir más recursos. “Me ha parecido una aberración que un secretario de Educación de la Nación salga a hacer este tipo de declaración “, apuntó.

La respuesta del Gobierno nacional

Desde la Casa Rosada mantienen una posición confrontativa y crítica respecto a las movilizaciones. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida «responde a intereses políticos». Además, aseguraron que «los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”. “El Ministerio (Capital Humano) rechaza enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo. La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes» indicaron. Así también, arremetieron contra sectores gremiales al señalar que «no hay interés en resolver el conflicto». «Se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios», cuestionaron desde la gestión libertaria.