La causa por el intento de asesinato contra la Vicepresidenta, la cual cumple un año este viernes, avanza en dirección al juicio oral y público de los supuestos autores materiales. Además la querella pidió que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.

El atentado se produjo 1 de septiembre de 2022 a horas de la noche. Frente del departamento de la Vicepresidenta ubicada en el barrio porteño Recoleta, se realizaba una manifestación de militantes kirchneristas expresando su apoyo. En ese marco, Fernando André Sabag Montiel se acercó a Cristina cuando se encontraba saludando a los manifestantes, le apuntó en la cabeza con una pistola de uso civil y gatilló sin que saliera ningún disparo.

Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte (23 años) y el amigo de ambos, Nicolás Carrizo (27 años), son hasta ahora los tres acusados del intento de magnicidio. Compartían un emprendimiento de venta ambulante de “copos de nieve” y participaban de chats donde revelaban su odio al kirchnerismo y se alentaban a terminar con la vida de Cristina Fernández de Kirchner.

Después de un año de investigación judicial, la causa fue elevada en julio pasado a juicio oral y público, y será ahora el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 el que ponga la fecha de inicio. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner siguen reclamando medidas de prueba para avanzar en posibles conexiones políticas. Los investigadores, por ahora, circunscribieron la mirada sobre el trío acusado.

La investigación determinó que el 1 de septiembre, Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte llegaron juntos a las inmediaciones del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue “premeditada”, es decir, idearon “un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”; pero se advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales.

Para el fiscal el plan criminal empezó a diseñarse en abril de 2022, cuando Sabag Montiel consiguió la pistola de un vecino. De las conversaciones por WhatsApp, surge que Sabag Montiel y Uliarte pensaron hasta en alquilar un departamento en La Recoleta “para apostar desde allí un francotirador”, idea después descartada.

En el debate oral, Sabag Montiel, tendrá como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio; la supuesta coautora Uliarte cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral; y el presunto partícipe secundario Nicolás Carrizo seguirá defendido por el letrado particular Gastón Marano. En una reciente declaración, Telleldín dijo que: «Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar».

El nombre de Milman apareció en el expediente el año pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador de Juntos por el Cambio referirse al atentado antes de que ocurriera. «Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto. Dos asesoras que se encontraban presentes en esa oportunidad negaron que haya sido pronunciada.

Si bien esta pista no figura entre las pruebas elevadas a juicio, se investiga el teléfono secuestrado a Milman. La querella también aspira a profundizar pistas sobre el posible financiamiento del atentado.