A horas del inicio de la feria judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, hizo lugar a un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El recurso buscaba garantizar el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores populares. La resolución del juez también convalidó las políticas del Ministerio de Capital Humano para asistir a los sectores más vulnerables.

El magistrado ordenó que el Estado Nacional, de Capital Humano, continúe con los planes y programas de distribución de alimentos sin interrupciones. Según la resolución, el Estado debe cumplir de manera estricta y sin dilación con estos programas, permitiendo la reestructuración y auditoría de los mismos por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde el Gobierno, la resolución fue interpretada como un reconocimiento al trabajo realizado por el Ministerio de Capital Humano. Fuentes del Ministerio destacaron que los argumentos utilizados por el juez para aceptar la medida podrían ser también válidos para rechazarla. Validando así la implementación actual de los planes y programas.

Entre las medidas reconocidas en la resolución judicial se incluyen los acuerdos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Que tendrán la función de compra de alimentos y la colaboración con la fundación CONIN y las Fuerzas Armadas para la distribución de alimentos. Se confirmó que los alimentos próximos a su fecha de vencimiento están siendo distribuidos en el marco del convenio mencionado. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas está brindando apoyo logístico para su traslado y entrega.