El senador kirchnerista Oscar Parrilli, cercano a Cristina Kirchner y uno de los principales operadores del Frente de Todos en el Senado, generó una controversia al intentar sumar a su equipo a la exministra de Economía, Felisa Miceli. Miceli fue condenada por la causa de la bolsa con dinero encontrada en el baño de su despacho en 2007, lo que derivó en su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta abril de 2025. La contratación fue bloqueada por la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, tras la intervención de los departamentos jurídicos y de Recursos Humanos de la Cámara alta.

A principios de diciembre se presentó un dictamen para activar un contrato de servicios a favor de Miceli, en 1 de enero de 2025. El proceso habitual incluyó la revisión de documentos, antecedentes penales y constancias legales. En este punto, se detectó que Miceli tiene una historia judicial abierta y una sentencia condenatoria que la inhabilita para ocupar cargos públicos.

El fallo contra la exfuncionaria establece una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por seis años, que caducará en abril de 2025. Aunque la ley 24.600, que regula a los empleados legislativos, no incluye explícitamente los contratos de locación. Los dictámenes jurídicos recomendaron extender por analogía sus restricciones, bloqueando así la incorporación.

Villarruel bloquea la maniobra

La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó una postura firme contra la contratación, respaldada por los informes técnicos que señalaban la improcedencia del pedido de Parrilli. Este intento fallido expone las irregularidades del manejo interno del Senado por parte del kirchnerismo. Y también destaca las tensiones políticas en la Cámara Alta bajo la conducción de Villarruel. Quien ha impulsado medidas para reforzar la transparencia y los estándares éticos en el cuerpo legislativo.