El juzgado federal a cargo de Julián Ercolini inició una investigación sobre posibles irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo. Estos incluyen remedios oncológicos y para el HIV-SIDA, durante la gestión de Alberto Fernández, por un monto de $65.289.274.180. La denuncia fue realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Y se fundamenta en una auditoría interna que reveló falta de controles, compras dirigidas y selección antojadiza de proveedores.

Las operaciones se llevaron a cabo a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Un área que Fernández trasladó del Ministerio de Salud a Desarrollo Social. La denuncia, fechada en febrero, destaca «negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles», afectando a personas sin cobertura y en alta vulnerabilidad.

La auditoría cuestiona también el traslado de la DADSE de Salud a Desarrollo Social durante la gestión de Fernández. Pettovello, al modificar la estructura de su cartera, traspasó la DADSE al Ministerio de Salud mediante la Decisión Administrativa 76/2024. Y argumentando que «nunca debió salir» de dicho ministerio.

El escrito judicial detalla que las operaciones se realizaron con menos de 30 proveedores, y describe la selección de proveedores a través de correos electrónicos sin seguridad ni encriptación. La denuncia abarca presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. En respuesta a la investigación, la cartera de Capital Humano aseguró que los pacientes que reciben los insumos no son el motivo de la denuncia y que continuarán manteniendo sus medicamentos.