En un giro significativo dentro de la batalla cultural libertaria contra la agenda de género, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció el miércoles la inminente eliminación del reconocimiento de identidades no binarias en los documentos de identidad (DNI) mediante un decreto presidencial. Esta medida, que ha generado una oleada de reacciones tanto a nivel nacional como internacional, marca un retroceso en las políticas de inclusión de género establecidas en Argentina desde 2021.

Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, el texto del decreto ya ha sido redactado y se espera la firma inminente del jefe de Estado para su publicación en el Boletín Oficial. Una vez en vigor, el decreto prohibirá que cualquier persona pueda solicitar un cambio en su DNI para registrar una identidad de género no binaria, una opción que había sido reconocida oficialmente por la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en mayo de 2012. Esta ley posicionó a Argentina como el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género.

Reacciones y consecuencias legales

La eliminación del DNI no binario revierte avances significativos en derechos de diversidad de género. Y también podría desencadenar una serie de reclamos judiciales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez Domínguez advirtió que la vía debería pasar por la derogación de la Ley 26.743. “La Constitución y los tratados internacionales reconocen la identidad de género como un derecho. Por eso no se puede eliminar con un simple decreto. No solo va en contra de la ley, sino que sienta un precedente regresivo respecto a la consolidación de un derecho adquirido como este”.

Manu Mireles, activista trans no binaria, alertó que esta medida está “pone en riesgo la identidad de las personas y en jaque a la democracia. No existe democracia posible si todas las personas que la hacemos posible no somos parte”, argumentó Mireles. Además, Manu criticó a la administración mileísta por su “homoodiante y transodiante” postura. Citando el desfinanciamiento de programas de salud reproductiva y otras políticas de género.