El Gobierno lanzó un nuevo sistema de simplificación administrativa denominado «silencio positivo», que se implementará de forma gradual en más de 500 trámites de la administración pública nacional. La medida, que promete un «cambio de cosmovisión» en la gestión de trámites. Y buscará agilizar el tiempo de resolución de las gestiones regladas y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

A diferencia del «silencio negativo», que había sido objeto de críticas internacionales, el nuevo enfoque establece que, en ausencia de respuesta por parte de la administración, se considerará aprobada la solicitud del ciudadano. Eso sí, siempre que el trámite esté bien presentado y no corresponda a una autorización administrativa gratuita. Desde Casa Rosada explicaron que no será inmediato para evitar una sobrecarga en el sistema, sino que se realizará en etapas. Es decir, afectando primero a los trámites administrativos centralizados y posteriormente, a partir del 1 de diciembre, a los descentralizados.

«Con esta reforma, pretendemos facilitar los procesos administrativos y ofrecer respuestas más rápidas a los ciudadanos, eliminando trabas que han obstaculizado la inversión y la dinámica en el sector público», señalaron fuentes oficiales. Los trámites incluidos en el sistema abarcan desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos.

Para garantizar una adecuada aplicación, el Poder Ejecutivo ofrecerá capacitaciones en la normativa del «silencio positivo» dirigidas a abogados y funcionarios encargados de los procedimientos administrativos. Según informaron fuentes gubernamentales, el objetivo es crear una administración que actúe con mayor celeridad y responsabilidad, ofreciendo una alternativa al esquema de silencio negativo que, en muchas ocasiones, prolongaba indefinidamente la resolución de trámites.