El pasado viernes, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que el Gobierno planea eliminar los fondos fiduciarios a nivel nacional. La estrategia tendría como objetivo a aquellos que se «encuentran a tiro» del Ejecutivo Nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta decisión plantea incertidumbre sobre los planes sociales Procrear y Progresar.

La Ley de Bases, que no avanzó en la Cámara de Diputados, otorgaba a Javier Milei la facultad de transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos. Milei afirmó su intención de eliminar estas estructuras, describiéndolas como «cajas negras» de la política.

Riesgos para el Procrear y Progresar

  1. Procrear: creado mediante el decreto 902/12, busca facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el empleo para el desarrollo económico y social. Su futuro está en entredicho ante la posible eliminación de fideicomisos.
  2. Progresar: establecido por el DNU 57/22, el programa Progresar busca brindar oportunidades de inclusión social y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Su continuidad también queda en duda.

Los fondos fiduciarios son ingresos asignados a provincias, actuando como un presupuesto garantizado para financiar programas públicos a largo plazo. La controversia sobre estos fondos fue un punto de desacuerdo entre el oficialismo y la oposición durante las discusiones de la Ley de Bases. Representan aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, afectando directamente a los gobernadores provinciales.

La eliminación de fondos fiduciarios, incluyendo el Fondo Fiduciario PROCREAR y el Fondo PROGRESAR, podría tener consecuencias significativas en la ejecución de políticas sociales y de desarrollo económico. La incertidumbre persiste mientras se espera la acción del Gobierno a través de un eventual DNU.