Tras un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados retomó el debate por la Ley Ómnibus pasadas las 10. La sesión se reinicia luego de los incidentes ocurridos en las últimas horas frente al Congreso de la Nación. En la tercera jornada de tratamiento del proyecto, el gobierno de Javier Milei espera que se haga efectiva la votación en general. Mientras se discute puertas adentro la reforma del Estado propuesta por el ejecutivo, las distintas protestas y el operativo “antipiquete” impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generan un clima de conflicto y violencia en las puertas del parlamento. El mismo permanece vallado y con un centenar de efectivos custodiando la zona. 

El debate de hoy se centrará en los cambios incorporados en el capítulo de privatizaciones. Sin contar los oradores de La Libertad Avanza, resta la intervención de 55 diputados. Teniendo en cuenta que cada parlamentario cuenta con 5 minutos para exponer, se calcula un total de 6 horas más de debate. No obstante, algunos advierten que la creciente demanda de modificaciones adicionales al texto podría demorar la votación. Respecto a la votación en general, el proyecto cuenta en teoría con el apoyo de 143 diputados. 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina. Por otro lado, el diputado Miguel Ángel Pichetto anticipó que “el lunes o martes” se podría avanzar en la discusión en particular.  

Manifestaciones

Horas antes de reiniciar el debate en la Cámara Baja, los efectivos policiales ya rodeaban la sede del Congreso. En el lugar se observan camiones hidrantes, camionetas de Gendarmería y de la Policía Federal y cientos de agentes distribuidos en las calles circundantes. También se observa poco a poco, la llegada de distintos grupos de manifestantes y organizaciones opositoras al gobierno. Frente a los operativos de seguridad, distintas organizaciones sociales y gremiales como la Confederación General del Trabajo (CGT) y grupos de izquierda, lanzaron comunicados repudiando el protocolo. Estos tildaron de “desmedida” la represión sufrida por manifestantes en la zona del parlamento.