El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta una decisión crítica en los próximos días que afectará tanto la inflación como las cuentas fiscales. Se trata de la actualización del impuesto a los combustibles. En medio de las negociaciones en el Congreso para avanzar en el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, se considera la suba del impuesto al combustible como una alternativa para compensar posibles menores recursos si el oficialismo no logra apoyo en su plan de retenciones.

El tributo, que ha estado congelado durante dos años y medio, parece inevitable, incluso si se obtiene el respaldo para el plan de retenciones. Esto conduciría a un aumento en el precio de la nafta, impactando en las expectativas de una inflación en descenso. Los dos tributos fijos, impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, se ajustan trimestralmente según la evolución de la inflación desde 2018. Sin embargo, el monto recaudado por este tributo ha permanecido congelado.

La última postergación, realizada en noviembre pasado, aplazó los efectos de los incrementos en los montos de impuestos hasta el 1° de febrero de 2024. El Gobierno deberá decidir la próxima semana la magnitud de la actualización del impuesto, lo que determinará el impacto en el precio de la nafta. Actualmente, entre ambos tributos, la suma fija asciende a unos $20 por litro, representando menos del 3% del precio del combustible, cuando históricamente implicaba más del 10%.

La decisión llega en un momento delicado, ya que el equipo económico busca desacelerar la inflación, aspirando a un indicador por debajo del 15%. Sin embargo, el ajuste de tarifas en luz, electricidad y transporte, combinado con un posible aumento en el precio de la nafta, podría socavar este objetivo y afectar las expectativas inflacionarias de manera impredecible. Los petroleros estiman que cada 10% de aumento en el precio de la nafta contribuye a 1 punto más de inflación.