El Potenciar Trabajo se ha visto envuelto en un escándalo que revela posibles malas prácticas políticas en su asignación durante los últimos cuatro años. Según la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cobraban esta prestación, una situación incompatible.

Aunque la cifra no es definitiva, ya que falta la información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca, la magnitud del problema es evidente. Buenos Aires lidera con 2.243 casos irregulares, seguida por Tucumán, que cuenta con 1.145 empleados beneficiarios del Potenciar Trabajo, a pesar de tener una población de 1,8 millones de personas.

En el resto del país, se detectaron casos en diversas provincias, destacando La Rioja con 1.060 beneficiarios, Jujuy con 652, y Corrientes con 518. La investigación se centra en posibles defraudaciones contra la Administración Pública.

La normativa del Potenciar Trabajo establece incompatibilidades. Por ejemplo, la existencia de empleo formal registrado y la realización de prestaciones sociales o laborales en el ámbito estatal. También en organizaciones no gubernamentales que suplanten actividades propias de empleados públicos.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo inició sumarios administrativos a empleados públicos que cobraban indebidamente el Potenciar Trabajo, abordando presuntas incompatibilidades. Entre los empleados detectados, 230 pertenecían a la UNREL y ya fueron dados de baja. Mientras que los demás fueron intimados a responder sobre su situación.

Desde entonces, la provincia ha intensificado las tareas administrativas para determinar la responsabilidad de cada empleado público involucrado, aplicando sanciones correspondientes. Incluida la posible cesantía de aquellos trabajadores implicados en esta situación. La investigación sigue su curso para llegar a las últimas consecuencias.