El fiscal federal, Carlos Stornelli, presentó una grave denuncia en la justicia, solicitando investigar a exfuncionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se debe a 183 resoluciones rubricadas en 2023. La mitad de estas se emitieron la última semana de mandato de Alberto Fernández. El fiscal rebatió el escaso rigor técnico y legal de los documentos presentados por el organismo. Abarca croquis territoriales, relevamientos manuscritos, fotografías “precarias” y testimonios de miembros de comunidades. Stornelli resaltó que en la mayoría de los informes de dominio presentados por las comunidades, los territorios pertenecen a privados o al Estado Nacional. Ante esto, buscan determinar si la maniobra fue utilizada para beneficiar con el reconocimiento de tierras a grupos que operan en la ilegalidad. 

El mayor porcentaje de estas resoluciones se firmaron entre agosto y diciembre del año pasado. Además, 81 de ellas se emitieron la semana anterior al cambio de gestión. Los funcionarios habrían reconocido ocupaciones en distintos sitios del país. Además, habrían dado por concluidos diferentes relevamientos territoriales que carecían de precisiones técnicas. Atento a la situación, Stornelli elevó un pedido de informes. El fiscal pidió investigar el presunto beneficio indebido a comunidades, en perjuicio de particulares e incluso del Estado Nacional. “La indiscriminada proliferación de resoluciones expedidas por el INAI en la última etapa de la gestión de gobierno que culminó el 10 de diciembre de 2023, queda evidenciada a las claras”, indicó. 

174 resoluciones se encuentran vinculadas a relevamientos Técnicos, Jurídicos y Catastrales. En ellas se reconoce la ocupación de territorios por parte de las comunidades. Según Stornelli, carecen de rigor técnico y valor administrativo. El fiscal advirtió que no revisten la “seriedad y formalidad que deberían contener este tipo de legajos”, lo que evidencia una situación irregular. El fiscal señaló que las carpetas técnicas sobre los relevamientos territoriales, contempla información «imprecisa» aportada por las mismas comunidades. La misma «no habría sido corroborada de forma exhaustiva como para poder reconocerles la ocupación de los territorios que consideran como propios”, alertó el fiscal.

Propiedades privadas y del Estado

En dichos documentos, el INAI reconoció la propiedad de las comunidades, tan solo con el testimonio de sus integrantes. Esto se hizo en base al Cuestionario Socio Comunitario Indígena (CUESCI). En el se aportan bocetos de territorios ocupados y fotografías tomadas por personal del INAI. Lo grave es que la mayoría de los informes de dominio del organismo, contempla territorios pertenecientes a privados y al Estado Nacional. En ambos casos, las propiedades en cuestión están debidamente registradas en Catastro y en el Registro Inmobiliario. Tampoco figura en los expedientes que los propietarios hayan sido notificados sobre los relevamientos o se hayan firmado documentos públicos. En la provincia de Tucumán, dichos relevamientos ya han sido motivo de serios cuestionamientos en distintos tribunales de justicia que llevan adelante causas por usurpación y ocupación ilegal de terrenos contra personas que aducen pertenecer a comunidades indígenas.