Durante enero de 2024, el Gobierno argentino aplicó un drástico recorte del 80% en los fondos destinados a obras públicas. Específicamente, en el gasto de capital que financia proyectos de infraestructura. En términos nominales, se asignó la mitad de los fondos comparado con el mismo periodo del año anterior, indicando una disminución real superior al 80%. Partidas esenciales para proyectos de infraestructura recibieron tan solo 90 millones de dólares en el primer mes y medio del año.

Este recorte en obras públicas se inscribe en la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei. Especialmente, después de la caída de la Ley de Bases que buscaba aumentar impuestos. El enfoque en el déficit cero ha llevado a priorizar los recortes de fondos sobre el aumento de ingresos tributarios.

Los datos de la Secretaría de Hacienda revelaron que el gasto de capital sufrió una caída nominal del 50% en enero de 2024. Este descenso se traduce en una asignación presupuestaria de 77.105 millones de pesos frente a los 155.000 millones recibidos en enero de 2023. Lo que representa una disminución real del 81%.

La obra pública se perfila como una de las principales afectadas por el ajuste fiscal, según lo expresado por funcionarios en reuniones con empresarios del sector constructor. El objetivo de alcanzar el déficit cero parece haber relegado la financiación de obras de infraestructura a un segundo plano, generando preocupación entre los ejecutivos del sector. Una encuesta reciente reflejó que el 77% de los empresarios de la construcción anticipa una disminución en el ritmo de trabajo en proyectos de obra pública en los próximos tres meses, en comparación con el 44% dos meses atrás.