El reciente impulso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha generado cambios significativos en el sistema de salud argentino. Lo que permitiría que las empresas de medicina prepaga compitan de forma directa con las obras sociales sindicales. Sin embargo, el contexto económico presenta un desafío considerable: la disminución del salario real podría impedir que gran parte de la población acceda a estos servicios desregulados. De hecho, se estima que el 50% de las familias no logra reunir una cápita suficiente para costear el Programa Mínimo Obligatorio (PMO).

Este cambio busca eliminar la intermediación existente en el proceso de derivación de fondos. Hasta ahora, los trabajadores formales del sector privado que elegían cambiarse a una empresa de medicina prepaga debían realizar esta operación a través de una obra social sindical. Con la nueva normativa, se establece que las prepagas competirán directamente por los aportes de los afiliados sin necesidad de un intermediario. «Todo aquel que tenga obra social provincial sigue como está, porque no hay ningún tipo de competencia. Esto es para los trabajadores formales del sector privado con obra social sindical», detalló Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

Colina explicó que, con esta medida, los trabajadores que cuenten con una obra social sindical podrán optar por trasladar sus aportes directamente a una prepaga. Sin embargo, este sistema podría perjudicar a los sectores con menores ingresos, ya que las prepagas suelen ofrecer planes de salud de alto costo. En consecuencia, dificulta el acceso de familias con bajos aportes o con muchos integrantes.

Cuál sería el impacto de esta medida

Según Colina, «la solución podría provenir del uso adecuado del fondo solidario de redistribución, constituido por el 15% de los aportes de todos los trabajadores». Este fondo podría subsidiar a las familias con menores ingresos, permitiendo que tengan más posibilidades de acceder a una prepaga si así lo desean, logrando una competencia más equitativa dentro del sistema desregulado.

Otro aspecto clave es la cobertura de los tratamientos de alto costo y los servicios de discapacidad. Colina puntualizó que los tratamientos de alto costo deberían ser subsidiados por el Estado, ya que actualmente son financiados con el fondo solidario. Un recurso que pertenece a todos los afiliados de las obras sociales. De igual manera, los servicios de discapacidad deberían ser financiados por la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la encargada de otorgar los certificados únicos de discapacidad. Esta estructura permitiría una utilización más eficiente y justa de los recursos disponibles.