Desde el Ministerio de Defensa, dirigido por Luis Petri se analizan contratos firmados durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de una auditoría en esa área, se detectaron irregularidades en contratos firmados entre la cartera e INVAP (Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado). Las primeras conclusiones del Ejecutivo indican que el Estado pagó millones por desarrollo o materiales que no fue recibido. Incluye el encargo de drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares. El gobierno podría iniciar acciones penales.

Según fuentes periodísticas que accedieron a la documentación, se destinaron más de $200 millones al proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). Este tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados. Los mismos no se completaron. El contrato para el desarrollo de drones data de 2015. INVAP debía desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados. Además, se tenía que ejecutar en un plazo de 7 años por un total de $2.095.900.000. Contemplaba vehículos aéreos no tripulados, una estación terrena de control, sistemas de comunicaciones y un paquete de tecnología para blancos aéreos de alta velocidad. Por otro lado, se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100 que nunca fueron entregados

Las cuentas de Defensa reflejan pagos por $200.470.000 a INVAP, además de otros $45 millones facturados, pero no cobrados en el marco de este convenio. No obstante, en 2016 el contrato quedó en paralizado. En 2017, bajo la gestión de Oscar Aguad, Defensa solicitó al INVAP un informe con el grado de avance del contrato y sus costos detallados. También se le pidió a este organismo que reformule el alcance del contrato, sin embargo no hubo avances. “Se llevan invertidos más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones, y al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional. El desafío es tener, fabricar, producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras», señaló Petri.

La cartera de Defensa busca determinar si se cometieron delitos penales en la asignación de los fondos públicos o si existió desvío de fondos del Estado. Para eso se requirieron auditorías a las distintas empresas de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones; el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Actualmente se analizan contratos firmados por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Armada Argentina con FADEA y Tandanor, respectivamente. Los convenios contemplaban la entrega de aviones Pucará, Pampa, IA100 y remolcadores.

Defensa habría transfirido 215 millones de dólares para incorporar y modernizar 17 aeronaves y unas 14 embarcaciones, entre las que se destaca la coberta ARA Parker. “Nos deben los remolcadores, no hay nada”, señalan en el área de Defensa. Actualmente está en ejecución uno de los 12 remolcadores que la Armada Argentina le encargó a Tandanor, por lo que buscan determinar si se buscó cubrir déficits de esas empresas. Entre 2020 y 2023 desde el Ministerio de Defensa se transfirieron unos USD166.391.225 al funcionamiento de Fabricaciones Militares y la Fábrica Militar de Aviones con sede en la provincia de Córdoba.