Daños en El Cadillal: la empresa que dejó trabajos inconclusos no podrá ser embargada
El gobierno tucumano no podrá embargar a CAMESSA, debido a que la empresa subconcesionaria de la hidroeléctrica no posee bienes que cubran el millonario monto que adeuda por trabajos inconclusos. La novedad se dio en el marco de la causa iniciada por la fiscalía de Estado en la Justicia Federal. Esta de debe a graves filtraciones en la presa N° 3 del dique El Cadillal. Tras el pedido de informes, se descubrió que la empresa no posee bienes inmuebles. Solo tendría 25 autos en mal estado y distribuidos por el país. De este modo, sería imposible cobrar el monto requerido por la provincia.
La demanda
En la demanda presentada por Gilda Pedicone de Valls, titular de la Fiscalía de Estado, se detalló que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, dice el texto.
Para ello, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó un embargo por $1.200 millones sobre bienes muebles e inmuebles de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Esta se encuentra involucrada en carácter de intermediaria con la Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi. El magistrado consideró razonable el planteo de la Provincia. “En relación a la seguridad de las presas surge el deber de la concesionaria de mantener la seguridad de esas estructuras y de realizar las obras necesarias para recuperar la obra dañada, deteriorada o peligrosa con el objeto de restituir su seguridad y operatividad”, señaló el juez.
La empresa tiene la explotación de la concesión por 30 años, desde el 3 de julio de 1996. “Específicamente, en cuanto a las obras y obligaciones de seguridad asumidas por el concesionario, le correspondía la seguridad de presas, embalses y obras auxiliares según el contrato de concesión. Por eso, resultaba deber incuestionable de la concesionaria preservar la indemnidad de las personas y bienes del cocontratante durante la ejecución del contrato respecto de los bienes cuidando el estado de uso, conservación y mantenimiento de estos”, plantea el Gobierno.
Cámara de Apelaciones
La provincia busca embargar los pagos que la empresa perciba de la firma Cammesa, como asimismo de las cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios, cajas de seguridad de titularidad de Hidroeléctrica Tucumán S.A. En síntesis. Esto modificaría la forma de embargo. Ahora la Cámara de Apelaciones, integrada por Marina Cossio, Patricia Moltini, Ricardo Sanjuan, Mario Leal y Fernando Poviña deberá resolver la situación.