La investigación sobre la presunta extorsión, de dirigentes de movimientos sociales, ha revelado una conexión con los planes sociales. Diecinueve de los veintiocho imputados recibieron beneficios económicos del Gobierno nacional. Estos datos, surgidos de indagatorias, allanamientos y pedidos de detención realizados por el fiscal federal, Gerardo Pollicita, al juez Sebastián Casanello, ponen en evidencia una situación compleja que involucra a diversos sectores de la sociedad.

En respuesta a esta situación, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que se tomarán medidas inmediatas para dar de baja a aquellos imputados que cobran planes sociales del Estado. Este movimiento busca garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Especialmente, en un contexto donde la fiscalía ha encontrado evidencia de posibles irregularidades.

Uno de los involucrados destacados en este caso es Jeremías Cantero, miembro destacado del Polo Obrero y exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social. Documentación obtenida revela que Cantero percibía importantes sumas de dinero como parte de su función en el Estado. Mientras que su organización solicitaba alimentos y planes sociales frente a edificios gubernamentales.

Cantero, quien ocupó un cargo legislativo y recibía ingresos considerables, se encuentra entre los principales señalados por el fiscal Pollicita. Las acusaciones sugieren que, desde su posición, coordinaba actividades que podrían ser interpretadas como extorsión hacia beneficiarios de planes sociales. Y es que habría exigido participación en manifestaciones o la entrega de dinero, bajo amenazas de cancelar los beneficios.

Detalles de la causa

El expediente detalla conversaciones telefónicas entre Cantero y otros líderes sociales, donde se discutían estrategias para aumentar la recaudación entre los beneficiarios de planes sociales. Estas acciones, según el fiscal, representan una forma de coerción hacia individuos en situación de vulnerabilidad.

La causa judicial también señala la participación de otros imputados, todos beneficiarios de planes sociales del Estado. Y quienes presuntamente actuaron en nombre de organizaciones sociales, para exigir contribuciones económicas a cambio de mantener los beneficios. Esta situación, además de plantear interrogantes sobre la integridad de ciertos dirigentes, destaca la necesidad de una mayor supervisión y control en la administración de los planes sociales y recursos públicos.