La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a realizar “ingresos masivos y simultáneos” en la administración pública este miércoles. Tras el anuncio del presidente, Javier Milei, sobre el despido de 70.000 trabajadores del Estado, se abrió un nuevo capítulo del conflicto con el Ejecutivo. Los referentes sindicales llamaron a una ocupación pacífica de los ministerios, en rechazo de los 12.000 despidos registrados hasta ahora en la administración pública. Desde la conducción del gremio, no descartan una nueva medida de fuerza para el día viernes. Esta podría incluir distintas movilizaciones en todo el país, con la consigna de no acatar el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich.

La protesta pacífica arrancará mañana. ATE convoca a sus 35.000 afiliados para realizar una toma pacífica de los organismos. Rodolfo Aguiar, su referente a nivel nacional, convocó a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. El gremio busca realizar un ingreso masivo y simultáneo de los empleados a sus lugares de trabajo. “La intención es coordinar un horario de ingreso y que entren a la vez los de planta permanente, los contratados temporalmente y los despedidos. Será una importante demostración de fuerza”, afirmó el sindicalista. Desde el gremio sostienen que el reclamo podría extenderse por tiempo indeterminado. “No acepto la palabra toma, pero si no hay una respuesta por parte del Gobierno para reincorporar al personal despedido la protesta puede derivar en ocupaciones pacíficas de los organismos”, desafió. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), hasta el mes pasado, en la Administración Pública Nacional se registró un total de 9646 cesantías. Desde ATE creen que los despidos podrían continuar y mantiene su estrategia de confrontación con el Ejecutivo. Por su parte, la UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra la CGT, monitorea las bajas y por ahora descartó avanzar hacia un paro. No obstante, se sumaron al pedido de reincorporación de los trabajadores despedidos. 

Acciones en la justicia

En paralelo, ATE analiza avanzar en una denuncia penal contra el presidente por considerar “arbitrarios” los despidos. “La decisión de echar a 70.000 personas sin motivo puede llevárselo puesto a Milei. Está vulnerando derechos que están tipificados en el derecho penal, como la protección ante el despido arbitrario, contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. Él y sus funcionarios podrían terminar presos”, sostuvo Aguiar.