El gobernador Gustavo Sáenz reclamó al Gobierno nacional que suspenda los planes sociales otorgados a extranjeros en zonas de frontera y que esos fondos se reasignen a jubilados y personas con discapacidad.

En declaraciones públicas, el mandatario salteño calificó como una “torpeza” la suspensión de pensiones por discapacidad y advirtió que la medida afecta de manera desproporcionada a provincias del interior. “No es lo mismo notificar en Capital Federal que en Salta, donde hay parajes muy alejados”, sostuvo.

Sáenz planteó que los recursos destinados a extranjeros podrían beneficiar a los sectores más vulnerables de la Argentina. “Vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro a cobrar una asignación y luego vuelven al país vecino. Es necesario acreditar residencia real para acceder a los planes”, explicó.

Con esta propuesta, el gobernador aseguró que se evitaría “dilapidar fondos en quienes no viven ni aportan al país” y que se podría reforzar la asistencia a jubilados y a personas con discapacidad.

Atención médica a extranjeros

El mandatario también defendió la decisión de arancelar la atención sanitaria para extranjeros en Salta. Señaló que la medida busca poner fin a los “tours de salud” en los hospitales provinciales. “En cualquier parte del mundo al extranjero le cobran la atención médica, aunque nunca dejamos de asistir en casos de riesgo de vida”, aclaró.

Amparo ante la Corte Suprema

Paralelamente, la Fiscalía de Estado de Salta presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La demanda busca que se devuelvan los pagos retroactivos desde la suspensión, que se anulen los procedimientos irregulares aplicados por la ANDIS y que se garantice un sistema de auditorías “serio, transparente y accesible”.

Reclamo por derechos vulnerados

Sáenz advirtió que “no pueden pagar justos por pecadores” y denunció que familias y organizaciones sociales en Salta reportan una “grave vulneración de derechos básicos”. El gobernador insistió en la necesidad de auditorías claras y en priorizar a los sectores más necesitados frente al actual esquema de asistencia social.