La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Cristina Kirchner deberá continuar con el dispositivo de monitoreo electrónico y respetar el régimen de visitas establecido en el marco de la causa Vialidad, por la cual fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. La defensa había solicitado morigerar estas condiciones, pero el máximo tribunal penal del país ratificó las medidas vigentes.

El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes evaluaron los recursos presentados tanto por la defensa como por el Ministerio Público Fiscal. Por mayoría, el tribunal mantuvo dos condiciones clave: la obligación de que cualquier visita fuera del entorno familiar o profesional inmediato deba ser previamente autorizada, y la continuidad del uso del sistema de tobillera electrónica.

Durante la audiencia oral, el fiscal Mario Villar desistió del pedido para revocar la prisión domiciliaria, considerando que la ex presidenta cumple con los términos impuestos. Sin embargo, la defensa de Kirchner solicitó eliminar restricciones que, según su postura, resultan innecesarias por contar con custodia permanente de la Policía Federal.

Qué dijeron los jueces

La mayoría conformada por Hornos y Barroetaveña rechazó los planteos y argumentó que ambas medidas permiten garantizar la efectividad del control judicial, además de proteger tanto el proceso penal como la seguridad de la propia imputada.

Borinsky, en disidencia, planteó que el monitoreo con tobillera es un recurso penitenciario limitado. Y que debería aplicarse en otros casos más urgentes, y que la presencia constante de personal de seguridad resultaría suficiente. Aun así, quedó en minoría frente al voto de sus colegas.

Los magistrados citaron la Ley 27.375, que modifica la Ley de Ejecución Penal. La cual establece que la colocación de dispositivos electrónicos es la regla para casos de prisión domiciliaria. Sólo puede omitirse si existen informes técnicos que lo justifiquen, lo cual —según la resolución— no sucede en este caso.

Tampoco se acreditó, según los jueces, que haya impedimentos médicos o técnicos que desaconsejen su uso. En cuanto a las visitas, señalaron que el trámite para ampliar la nómina es ágil, no implica restricciones desproporcionadas. Es decir, permite compatibilizar el derecho a la vida social con el cumplimiento de la pena.

El contexto de la condena

La causa Vialidad investiga delitos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En este expediente, la actual vicepresidenta fue hallada culpable por el desvío de fondos públicos destinados a obra pública en la provincia de Santa Cruz. La pena impuesta aún no está firme, y continúa su tramitación en instancias superiores.

El fallo aclara que la prisión domiciliaria sigue bajo revisión judicial permanente. Aunque por ahora no se modifican las condiciones, los jueces dejaron abierta la posibilidad de revisar las medidas si varían las circunstancias del caso.

Por otro lado, el domicilio donde se cumple la pena no puede ser modificado por el tribunal en lo que respecta al uso del espacio público. Ya que esa competencia corresponde a las autoridades del Gobierno porteño.