La Fiscalía de Estado de Tucumán habilitó un mecanismo digital para que ciudadanos puedan denunciar ocupaciones ilegales de tierras fiscales y afectaciones al medioambiente. A través de un formulario accesible mediante un código QR, quienes detecten irregularidades podrán aportar información y documentación que permita iniciar un seguimiento formal del caso.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, destacó que en los últimos meses se identificaron dos problemáticas urgentes: la usurpación de terrenos públicos y el deterioro ambiental en distintas áreas de la provincia. «Tucumán tiene una gran extensión territorial que, por años, ha sido objeto de ocupaciones ilegales. Lo que comienza con una toma aislada, muchas veces termina en loteos privados o emprendimientos inmobiliarios irregulares», explicó.

Impacto ambiental y control estatal

Junto con la apropiación indebida de tierras, el daño al ecosistema es otra de las preocupaciones centrales de la Fiscalía. «Cuando se atenta contra el medioambiente, se compromete la salud y la calidad de vida de los tucumanos», advirtió Pedicone de Valls.

Para fortalecer los controles, el organismo firmó un acuerdo con la Secretaría de Producción, con el objetivo de supervisar que las actividades económicas respeten las normativas ambientales vigentes. «Queremos garantizar que las prácticas productivas se realicen de manera sostenible, sin afectar los recursos naturales», puntualizó.

Cómo funciona el nuevo sistema de denuncias

El canal habilitado permite a cualquier persona reportar casos de usurpación o daño ambiental de manera directa y sin intermediarios. Quienes accedan al código QR encontrarán un formulario donde deberán completar sus datos, describir la situación y, en caso de contar con pruebas, adjuntar documentos como fotos, planos o informes dominiales.

«Si bien la denuncia debe estar firmada por el denunciante, la información se manejará con absoluta confidencialidad. Nuestro interés es actuar rápidamente para recuperar terrenos fiscales ocupados y atender los casos de degradación ambiental», afirmó la fiscal.

Áreas prioritarias y recuperación de tierras

Uno de los puntos críticos donde ya se tomaron medidas es el perilago del Dique La Angostura, donde la Justicia otorgó una medida cautelar para detener ocupaciones ilegales. «Estamos recuperando espacios que habían sido apropiados indebidamente y utilizados para distintos fines comerciales y privados», explicó Pedicone de Valls.

El plan de control se extenderá a otras zonas turísticas, que son las más afectadas por este tipo de irregularidades. «Hemos focalizado los esfuerzos en El Mollar, pero El Cadillal es otra de nuestras principales preocupaciones», adelantó. La fiscal concluyó que el trabajo continuará con cruces de información y fiscalización en todo el territorio. Y con el objetivo de garantizar que las tierras públicas y los recursos naturales de la provincia sean preservados.