La Procuración del Tesoro de la Nación obtuvo un fallo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que permitirá a la Argentina ahorrar casi 30 millones de dólares en una demanda iniciada tras la crisis del 2001. El monto de la condena contra el país se redujo de 147 a 117 millones de dólares, lo que equivale a más de 42.000 millones de pesos.

El caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina” tuvo como eje la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y las medidas adoptadas en el contexto de la crisis del 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. La constructora italiana (ex Salini Impregilo), que poseía el 26% de participación en la sociedad, inició el arbitraje internacional por incumplimientos contractuales.

El Ciadi resolvió aceptar el pedido de rectificación presentado por la Procuración el 11 de junio, disminuyendo en un 20% la suma de la indemnización inicial. Desde el organismo destacaron que el resultado refuerza la defensa jurídica de los intereses nacionales frente a reclamos internacionales que se arrastran desde hace más de dos décadas.

Argumentos y antecedentes

La constructora había reclamado por la falta de pago de subvenciones, el impacto de nuevas normativas sobre los ingresos por peaje, retrasos en la renegociación del contrato y la viabilidad económica de un proyecto de 25 años de duración. La Procuración, al difundir el resultado, apuntó contra “políticas y decisiones de administraciones anteriores” que comprometieron al país en este tipo de litigios.

En un comunicado oficial, el organismo subrayó que continuará “defendiendo con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos”.

Otros juicios pendientes

La Argentina sigue enfrentando múltiples causas en el Ciadi y en cortes extranjeras. En junio de este año, el tribunal condenó al país a pagar 715,9 millones de dólares a la firma estadounidense AES Corporation, que reclamaba más de 1.800 millones por la pesificación de los contratos de la represa de Alicurá, en Neuquén y Río Negro.

La compañía ya inició gestiones en una corte de Washington para lograr la ejecución de ese fallo. A esto se suman otros seis juicios internacionales en curso en el Ciadi, con reclamos que rondan los 1.500 millones de dólares.

En paralelo, el caso más relevante sigue siendo la demanda de Burford Capital por la expropiación de YPF. El fondo reclama más de 18.000 millones de dólares con intereses incluidos, tras el fallo condenatorio de primera instancia emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska en Nueva York.

Un frente abierto en la política económica

La reducción conseguida en el caso “Webuild” representa un alivio en medio de la pesada herencia de litigios internacionales que enfrenta el Estado argentino. Sin embargo, los compromisos pendientes en el Ciadi y en cortes de Estados Unidos reflejan un desafío estructural para las próximas gestiones, con un fuerte impacto en las cuentas fiscales y en la capacidad de negociación externa del país.