En el marco de un conjunto de resoluciones orientadas a reducir la cantidad de empleados en el Congreso, el Senado de la Nación puso fin, días atrás, al vínculo laboral que mantenía con Elena Corregido, exsenadora kirchnerista cuyo mandato finalizó en 2013. Tras concluir su etapa como legisladora, la chaqueña continuó vinculada al Senado primero como parte de la planta política. Luego, se mantuvo como empleada temporaria con la categoría A-1, la más alta posible.

Según la resolución administrativa firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, Corregido dejó su banca en diciembre de 2013 y, en ese momento, fue contratada en la planta política del organismo hasta fines de 2015. Posteriormente, fue designada como personal temporario a cargo de la senadora sanjuanina Marina Riofrío. Más adelante, en 2018, se reasignó a la Prosecretaría Administrativa del Senado por disposición de Recursos Humanos. Y este año prestó funciones en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.

El 27 de junio pasado, Corregido fue intimada a iniciar su trámite jubilatorio dentro de un plazo de 30 días. Ante esta notificación, la exsenadora presentó una renuncia condicionada, pero la situación se complicó al no presentar, según la documentación oficial, la constancia del turno de ANSeS necesaria para avanzar con el expediente.

Detalles de la desvinculación

Otro aspecto que consideró la Cámara alta fue la legislación vigente, que diferencia claramente entre planta permanente y temporaria. Los empleados permanentes gozan de estabilidad en el empleo y progreso administrativo. Sin embargo, los temporarios son contratados específicamente para asistir a legisladores o bloques partidarios y carecen de los derechos de estabilidad.

Tras evaluar los antecedentes, las autoridades del Senado determinaron que Corregido no alcanzó los 10 años de servicio requeridos. Por lo cual no tenía derecho a recibir el pago por servicios prestados estipulado en la Resolución Conjunta 11/12. Además, procedieron a su baja como agente, tal como quedó registrado en la resolución administrativa 1070/24, emitida el pasado 9 de octubre.

A finales del mes pasado, Villarruel mantuvo una reunión con los principales sindicatos del Congreso tras una serie de decretos que provocaron 56 despidos en la Cámara alta. Según ambas partes, la reunión fue «cordial y positiva». Y se acordó revisar ciertos casos que podrían estar sujetos a interpretaciones diversas, ya sea por el oficialismo o por los gremios.