El Ministerio de Justicia ha iniciado una auditoría de los Registros del Automotor en todo el país. Dando así paso a una revisión profunda de 141 registros que ya estaban intervenidos. Forma parte de las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei, que busca implementar cambios significativos en el sistema. La revisión se centrará en examinar las cuentas de estos registros, y se utilizarán auditores externos para garantizar la imparcialidad del proceso.

En un primer paso, se ha puesto bajo revisión a 141 registros que podrían ser revocados o tener nuevos interventores, dependiendo de los resultados de la auditoría. La revisión abarcará aspectos como sueldos, alquileres, servicios, insumos de librería, documentación e impuestos. El objetivo es identificar posibles irregularidades y mejorar la eficiencia del sistema.

Además, como parte de la estrategia de control, se han iniciado fiscalizaciones digitales en 25 registros ubicados en varias provincias del país. Las cuales se centrarán en variables como los plazos en que los registros cumplen los trámites. El objetivo es el de buscar posibles irregularidades o deficiencias en el servicio.

El proceso de revisión no descarta la posibilidad de denuncias penales en caso de detectar sobreprecios en los gastos declarados ante la AFIP. También se contempla la opción de cerrar algunos registros que se consideren innecesarios, con la posibilidad de fusionarlos con otros cercanos.

El Ministerio de Justicia tiene como objetivo principal identificar posibles designaciones por favores políticos en el sistema de registros. Se sospecha que hay casos de familiares y amigos de políticos, contadores cercanos, hijos de exfuncionarios, entre otros, ocupando puestos en estos registros. El gobierno busca poner fin a estas prácticas y promover una gestión más transparente y eficiente en el sistema de Registros del Automotor.

Este proceso de revisión se enmarca en un contexto más amplio de cambios en el sistema, que incluye la digitalización y la modernización de los registros. El gobierno apunta a una «normalización» de los registros, evaluando también la Dirección Nacional del Automotor y los últimos nombramientos en esta área.