El Gobierno promulgó la Ley Lucio: busca prevenir la violencia y el abuso en la infancia
En la madrugada de hoy, el Gobierno Nacional dio luz verde a la tan esperada Ley Lucio. El proyecto ya había pasado por las Cámaras del Congreso, y solo restaba la firma del Ejecutivo Nacional para su promulgación oficial.
La normativa, que fue publicada en el Decreto 253/2023 del Boletín Oficial, surgió tras el asesinato de Lucio Dupuy. El niño de 5 años, falleció tras recibir palizas permanentes de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti (26), y la pareja de esta, Abigail Páez (28) en Santa Rosa, La Pampa. Ambas fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen. La ley cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández, y del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi.
La Ley Lucio tiene como fin establecer capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en derechos de las niñas, niños y adolescentes. Específicamente, para “personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional. Y que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Desde el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, hay seis meses para elaborar “los contenidos del Plan Federal de Capacitación”.
Los puntos principales de la Ley Lucio
- Respetar la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Formar y sostener vínculos de afecto y confianza durante la convivencia social para beneficiar al desarrollo de los niños.
- Generar espacios y metodología para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su derecho a ser oídos durante los procesos administrativos y judiciales, de modo que se habilita su participación en distintos ámbitos sociales y comunitarios.
- Propiciar la perspectiva de género y diversidades.
- Recomendar la protección de denunciantes en casos que se hayan vulnerado los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos.