El Gobierno de Milei se enfocó en establecer relaciones con el sector empresarial en el Foro Llao Llao de Bariloche. Mientras tanto, su principal asesor, Santiago Caputo, mantenía conversaciones con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sobre el conflicto del presupuesto universitario. La relación entre ambos data de hace 15 años, cuando militaban en la organización La Cantera de la Facultad de Ciencias Sociales, y sigue siendo relativamente estrecha.

Posteriormente, cuando el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, convocó al funcionario académico para abordar el tema. Además, de transmitirle formalmente la propuesta de aumento en el presupuesto universitario, encontró un rechazo firme.

Desde la sede del gobierno nacional, se menciona que no detectaron un descontento social significativo reflejado en sus investigaciones de opinión pública hasta el momento. A pesar de las dificultades en el pago de servicios públicos que llevaron a cortes eléctricos en algunas sedes universitarias. Sin embargo, reconocen la imposibilidad de desactivar la marcha prevista para el martes, en la que participarán estudiantes de universidades privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como referentes de la oposición y aliados, incluyendo a Sergio Massa.

En el ámbito universitario, aunque persiste la postura de protesta por los recortes, acordaron retomar las conversaciones después de la marcha del martes. Especialmente, luego de demostrar la repercusión del desfinanciamiento en la educación pública. Desde el Ministerio de Educación, convocaron formalmente al Consejo Interuniversitario Nacional para el martes 30 de abril. Con una agenda centrada en temas de financiamiento, auditoría y fiscalización de las universidades, así como el cronograma de pagos a Hospitales Universitarios.

En el Gobierno, se destaca una buena disposición del otro lado para dialogar, y se considera una propuesta, aún no formalizada, para explorar mecanismos que permitan al Estado seguir cubriendo gastos operativos y corrientes, mientras las universidades puedan cobrar un monto opcional a los egresados para su desarrollo académico. Aunque se menciona la privatización como un ideal, se evalúan otras alternativas más realistas según el entorno del Presidente.