La Justicia confirmó que en la operatoria de seguros impulsada durante la gestión de Alberto Fernández hubo pagos de coimas. El juez federal Sebastián Casanello, tras un año y medio de investigación, citó a indagatoria a exfuncionarios de Casa Rosada y Nación Seguros, entre ellos Mauro Tanos, quien habría recibido millones a través de cooperativas ligadas a empresas beneficiadas por contratos estatales.

El expediente se reactivó con fuerza esta semana tras la aparición de nuevos chats entre María Cantero, histórica secretaria de Fernández, y el entonces intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. En uno de los mensajes, Cantero escribió: «Si no hacemos guita con esto, somos unos pelotudos», aludiendo a las oportunidades de negocio que abría la presidencia de su jefe.

Según la causa, Tanos, exgerente general de Nación Seguros, recibió sobornos disfrazados de préstamos o servicios a través de cooperativas. Una de ellas, llamada “7 de Mayo”, recibió más de $376 millones. De ese total, casi $240 millones provinieron de San Ignacio, una aseguradora colocada a dedo en la póliza de la ANSES.

El empresario Alfredo Del Corro, señalado como emisario de Tanos, fue quien habría canalizado buena parte de los pagos. Entre otros beneficios, le financió un departamento, viajes al exterior y camionetas de alta gama. La relación entre ambos fue presentada como una simple amistad ante la Justicia.

Dinero en mano y fotos de fajos: el rol clave

La figura de Cantero se volvió central en el expediente. Su celular, secuestrado por orden judicial, contenía registros de pagos, fotos de dinero y conversaciones con funcionarios y empresarios. Cantero actuaba como nexo entre su pareja, el broker Héctor Martínez Sosa, y miembros del Gobierno, incluyendo a Rodríguez, conocido como “el Gordo Dani”, que oficiaba de facilitador dentro de la Quinta de Olivos.

En los chats se confirmaron coordinaciones para entregar dinero en efectivo y referencias a una “PYME” montada en torno a los contratos estatales de seguros. La Justicia cree que Cantero facilitaba el acceso a funcionarios o directamente impulsaba contrataciones a favor de las empresas ligadas a su entorno familiar.

El juez también reveló mensajes en los que Cantero pedía a Rodríguez hacer relaciones públicas con gobernadores como Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Roxana Bertone, justo antes de la expansión nacional de la empresa San Ignacio, que logró contratos millonarios en esa provincia.

En uno de los intercambios, días después de la victoria electoral de Fernández en 2019, Cantero fue directa: «Queremos los seguros. Solo eso me importa de Manzur». También escribió: «La Pyme de Vivi, el Gordito y yo», en alusión a sus hermanos.

Una relación de décadas y un circuito de favores compartidos

Cantero conoció a Fernández a fines de los años 80 en la Facultad de Derecho y lo acompañó durante buena parte de su carrera política. Cuando el expresidente lanzó su candidatura, ella regresó a su entorno y reactivó sus vínculos con empresarios del sector asegurador.

Casanello determinó que el vínculo entre Fernández, Cantero y Martínez Sosa fue más allá de una relación personal o laboral: hubo regalos, dinero y gestión de favores. No obstante, imputó al exmandatario solo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez sostiene que el esquema montado alrededor de los seguros incluyó el desvío de fondos públicos mediante cooperativas, con distribución de dinero entre varios niveles del Gobierno. La resolución de más de 400 páginas detalla cómo se articulaban las decisiones desde la Casa Rosada hasta las empresas que cobraban por servicios inexistentes.

Negocios y complicidades que salieron a la luz

La causa continúa con nuevas citaciones a indagatoria y la expectativa de que más funcionarios de segunda línea puedan ser involucrados. Mientras tanto, Fernández insiste en denunciar una persecución por motivos políticos.

Las pruebas, sin embargo, parecen ir más allá de cualquier argumento partidario. Las conversaciones, los movimientos bancarios y los vínculos empresariales expuestos en esta etapa del expediente dibujan un esquema de negocios sistemático, coordinado desde las entrañas del poder político y administrativo del país.