La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) le negó el pedido al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, para ser juzgado por un jurado popular acusado de abusar sexualmente de su sobrina. La Sala de Turno de la CNCCC adhirió a lo que meses atrás dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29. La defensa buscaba que se aplique el procedimiento de juicio por jurados previsto en la ley 6451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se consideró que esa ley local establece la obligatoriedad de ese tipo de juicios “para delitos cometidos en esa jurisdicción”, y “cuya pena máxima sea igual o superior a 20 años de prisión”. Los camaristas Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse argumentaron que la norma no solo no resulta aplicable para los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal, “sino que tampoco comprendía supuestos como el presente, en razón de la pena prevista para los delitos que se le atribuyen a Alperovich”.

El caso

El exmandatario de la provincia fue enviado a juicio oral el año pasado por tres casos de abuso sexual simple y seis de violación contra su sobrina entre 2017 y 2018 en la ciudad de Buenos Aires y en Tucumán. Los miembros de la cámara además mencionaron que los delitos que se atribuyen a Alperovich no están incluidos en ninguno de los acuerdos de transferencias al ámbito local y que, si bien el traspaso no se había completado, no se debía suplir desde el Poder Judicial.

Jantus y Sarrabayrouse aclararon también que, como se había decidido en instancias anteriores, tampoco correspondía que un tribunal nacional aplicara una ley de otra jurisdicción. “Este tribunal no está habilitado para aplicar una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y “está claro que resulta prácticamente imposible establecer mediante una sentencia y para un caso particular el juicio por jurados”, explicaron.

El inicio del juicio se dará en febrero del año próximo

El tres veces gobernador de la provincia y ex diputado nacional ya había solicitado acceder a un juicio por jurados a la Cámara del Crimen, por el Tribunal Oral Criminal 29 y el mismo fue rechazado por el juez de primera instancia que investigó el caso, Osvaldo Rappa. Por ahora, Casación decidió ratificar la decisión del tribunal.

La causa comenzó en 2019, cuando su sobrina, quién trabajaba como su asistente personal, lo denunció por tres hechos de abuso sexual entre 2017 y 2018. En esa denuncia, la mujer manifestó la presión psicológica que ejercía su pariente y el poder que detentaba sobre ella, lo que le infundía temor e imposibilidad de superar esa situación.

Rappa procesó al exgobernador por los delitos de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, dos en grado de tentativa y por seis hechos de abuso sexual agravado por haber sido con acceso carnal. El juez Juan Ramos Padilla determinó que el juicio arrancará el 5 de febrero de 2024. Más de 80 testigos estarán citados.