Mauricio Macri declaró como testigo en el juicio por la causa Sueños Compartidos y aseguró que cuando era jefe de Gobierno porteño recibió un llamado de Alberto Fernández en el que, según su testimonio, fue intimado a avanzar con pagos vinculados al programa de construcción de viviendas impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La declaración se dio en el marco del proceso por presunto fraude a la administración pública y volvió a poner en escena las tensiones políticas y administrativas que rodearon la ejecución de esas obras.

El exmandatario recordó que la situación se produjo poco después de asumir en la Ciudad, en 2007, cuando Fernández se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno nacional. Según relató ante el tribunal, el contacto telefónico estuvo vinculado a la necesidad de abonar certificados de obra correspondientes al plan habitacional que se desarrollaba, entre otros puntos, en cercanías del comedor comunitario Los Piletones.

Durante su exposición, Macri mencionó que el entonces ministro de Acción Social porteño, Esteban Bullrich, le transmitió que no era conveniente continuar con los desembolsos debido a que los montos ya percibidos superaban ampliamente el avance efectivo de las construcciones. De acuerdo con su testimonio, esa postura generó discusiones internas que continuaron posteriormente bajo la gestión de María Eugenia Vidal en el área.

El expresidente también describió como conflictiva la relación institucional con la organización encargada del programa. Señaló que existían dificultades para lograr el cumplimiento de los trabajos y sostuvo que muchos de los planteos se trasladaban al terreno político en lugar de abordarse desde una perspectiva técnica. En ese contexto, recordó además un episodio ocurrido en 2008, cuando integrantes de la entidad realizaron una protesta en la Catedral Metropolitana.

El juicio por Sueños Compartidos investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Entre los principales imputados figuran los exapoderados de la fundación, Sergio y Pablo Schoklender, así como exfuncionarios nacionales vinculados al área de planificación y obra pública, señalados por la acusación como responsables del supuesto esquema de fraude.

El proceso continúa con la declaración de testigos y la presentación de pruebas, mientras el tribunal busca determinar las responsabilidades penales en uno de los expedientes más extensos vinculados al manejo de recursos estatales durante la ejecución de programas habitacionales.