La Corte Suprema de Justicia de la Nación alcanzó en 2024 su nivel más alto de actividad judicial en la última década. Según el Anuario Estadístico presentado esta semana, se registraron 45.678 causas ingresadas en lo que va del año, un incremento del 41,7% respecto de 2023. La mayor parte de los expedientes corresponden a recursos extraordinarios vinculados con litigios previsionales impulsados por la ANSES.

El informe, elaborado en formato digital con visualizaciones interactivas, confirma una tendencia histórica del sistema judicial argentino: la judicialización masiva de conflictos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad social. Solo la Secretaría N°2 -Previsional- concentró el 68,3% del total de causas ingresadas al máximo tribunal.

De los nuevos ingresos, el 95,7% correspondió a recursos de diversa índole (extraordinarios, ordinarios y quejas), mientras que el 4,3% restante fueron demandas originarias, conflictos de competencia y otras presentaciones. Entre los recursos, se destacó que el 72,9% fueron quejas por denegatoria de recurso extraordinario.

El 55,9% de las causas fueron promovidas por organismos públicos, y dentro de ese universo, el 91,6% tuvo como actor a la ANSES. Esto refleja el peso del litigio previsional en la agenda de la Corte, así como la presión que enfrenta el sistema previsional en términos judiciales.

Los juicios previsionales dominan la agenda judicial

Casi la mitad de las causas ingresadas durante 2024 se originaron en instancias judiciales inferiores entre 2022 y este año. En cuanto a la jurisdicción de los recursos concedidos, el Tribunal Superior de Justicia del Chaco lideró con el 22,6%, seguido por Córdoba (14,3%), Mendoza y Buenos Aires (11,9% cada uno), Corrientes (8,3%) y Entre Ríos (6%).

En contraste, cortes provinciales como la de Santa Fe no habilitaron ningún recurso ante la Corte Suprema durante el período relevado.

Más resoluciones y alto uso de fórmulas procesales

Durante el año, la Corte dictó 12.521 fallos que afectaron 20.237 expedientes y derivaron en 20.464 decisiones. De esas resoluciones, el 93% fueron decisiones de cierre, que pusieron fin a los casos, mientras que el resto fueron resoluciones de trámite (como recusaciones o honorarios).

El número de casos resueltos creció un 12,8% respecto al año anterior, con 47 acuerdos celebrados. La Secretaría Previsional encabezó también las resoluciones, con el 35,3%, seguida por las secretarías Penal (15,9%), Laboral (14,4%), Relaciones de Consumo (11,6%) y Tributario-Aduanero-Bancario (7,6%), entre otras.

El 82% de los recursos desestimados sin analizar el fondo

Del total de recursos resueltos (16.685), el 40,4% fueron previsionales, el 18,9% penales y el 15,8% laborales. En el 82% de los casos, la Corte utilizó fórmulas legales procesales para rechazar los planteos sin evaluar sus argumentos: el artículo 280 del Código Procesal (71,7%), el incumplimiento de la Acordada 4/2007 (9,1%) y la falta de sentencia definitiva (4,1%) fueron las más utilizadas.

Entre los recursos con análisis sustantivo (2.999 casos), el 54% resultó con la fórmula “Deja sin efecto”, el 20% “Confirma”, el 8,6% “Desestima” y el 8,2% “Revoca”, entre otros.

Del total de causas tratadas sin fórmulas, apenas el 12% recibió un análisis específico por fuera de precedentes o dictámenes de la Procuración.

Tiempos y fallos de fondo

El promedio de duración de los casos resueltos fue de 599 días, con una mediana de 385 días. En los expedientes tratados sin fórmulas, la mayoría se resolvió por “Sentencia Arbitraria” (65,1%), seguido por los incisos del artículo 14 de la ley 48 (34,8%) y en una mínima proporción por “Gravedad Institucional” (0,1%).

La Corte también declaró la inconstitucionalidad de normas en 68 casos, mediante 64 fallos. Además, el 42,3% de los votos emitidos por los jueces fueron por unanimidad.

Finalmente, el informe resalta que, pese a las dos vacantes que persisten en el tribunal, el 99,85% de los fallos fueron dictados exclusivamente por los ministros actuales, sin participación de conjueces.