Un fiscal nacional investiga un intento de hackeo al teléfono del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. La maniobra fue detectada luego de que un empleado del máximo tribunal recibiera un llamado sospechoso por parte de una persona que se hizo pasar por representante de la empresa Movistar.

El hecho ocurrió el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte, el área encargada de la gestión de líneas telefónicas oficiales. La llamada, realizada desde un número privado, buscó obtener acceso al chip asociado a Rosatti.

El empleado, identificado como Sebastián Matías Bustamante, recibió el contacto en su teléfono personal. Del otro lado, un supuesto trabajador de Movistar le solicitó bloquear una línea “reportada como robada” y le pidió el código PIN correspondiente. Bustamante, al verificar que no había ningún inconveniente reportado en el sistema, interrumpió la conversación y dio aviso inmediato a la Dirección de Seguridad de la Corte.

La investigación quedó en manos del fiscal nacional Santiago Vismara, y la denuncia fue radicada en la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad. Al cotejar los datos, se confirmó que la línea apuntada era la asignada al propio Rosatti.

Antecedentes que refuerzan las sospechas

Por precaución, el presidente del tribunal ya cambió su número. Sin embargo, la situación generó inquietud, ya que no es la primera vez que Rosatti aparece como blanco de maniobras de este tipo. En 2022, denunció la creación de líneas telefónicas falsas a su nombre, que terminaron exponiendo una trama más amplia de espionaje ilegal.

La investigación reveló que también habían sido víctimas otros magistrados, como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y la jueza de Posadas, Verónica Skanatta. En esa causa fue procesado Santiago Machado, quien luego fue enviado a juicio.

Una trama que llega hasta causas sensibles

En paralelo, se abrió otro expediente que vinculó a un hacker misionero, Ezequiel Núñez Piñeyro, con operaciones de duplicación de SIM. A través de un contacto anónimo en Telegram, se le habrían encargado accesos a líneas utilizadas por jueces de alto perfil, incluidos los magistrados que integraron el tribunal en el juicio por la causa Vialidad.

También habrían sido afectados los teléfonos del actual diputado Diego Santilli y del entonces ministro Marcelo D’Alessandro. A través de uno de esos dispositivos se difundieron los chats del viaje a Lago Escondido, que derivaron en el juicio político contra la Corte Suprema.

Una red con posibles conexiones políticas

Las pesquisas posteriores apuntaron al exagente policial Ariel Zanchetta, acusado de haber solicitado más de 2.000 informes sobre jueces y funcionarios. Su actuación derivó en la aparición del nombre de Fabián “Conu” Rodríguez, referente de La Cámpora y exfuncionario de AFIP. Aunque no fue indagado, la fiscalía lo considera parte del entramado.

Rodríguez entregó su teléfono días después de un operativo de allanamiento. Su rol sigue bajo análisis judicial, mientras la causa, que involucra una presunta red de espionaje político y judicial, continúa abierta en los tribunales federales.