El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida precautelar que dejó sin efecto el decreto del presidente Javier Milei que convertía el Banco Nación en sociedad anónima. El magistrado ordenó al Gobierno y a la entidad bancaria que «se abstengan de toda acción” tendiente a la implementación de la disposición anunciada la semana pasada.

Resolución de la justicia

“Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del decreto 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”, sostuvo el magistrado en su resolución. “El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”, argumentó. Además, le dio al gobierno nacional cinco días para que presente sus argumentos contra la demanda que se inició.

El juez Ramos Padilla consideró que el decreto de Milei “fue dictado en exceso”. En ese sentido, sostuvo que el Congreso Nacional quitó a la entidad de la empresas a privatizar en el marco de la Ley Bases. “Si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización”, manifestó el magistrado.

Exceso en las facultades delegadas

El gobierno de Milei publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial el decreto por el que transformó al banco Nación en una SA. Si bien la transformación de la persona jurídica no implica necesariamente que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones y otorga una mayor apertura para su capitalización, sectores gremiales se opusieron completamente a la medida. En este contexto y atento a los reclamos, la justicia cree que el presidente podría haber excedido sus facultades. «El Poder Ejecutivo Nacional podría haber excedido los límites establecidos por el Congreso de Nación al realizar la delegación de facultades», señaló Ramos Padilla.