Un informe reciente del Observatorio de Costos de la Salud de la Unión Argentina de la Salud (UAS) ha revelado que los precios de los medicamentos en Argentina son significativamente más altos que en economías comparables, como España. A pesar de contar con una industria farmacéutica robusta, los fármacos esenciales presentan costos prohibitivos para muchos argentinos. Por ejemplo, la Metformina, utilizada para tratar la diabetes, cuesta en Argentina $34.517 frente a 2,90 euros (aproximadamente $4.350) en España. De igual manera, el Diclofenac 75 tiene un precio de $20.455 en Argentina, comparado con 2,50 euros (unos $3.750) en España.

El informe destaca que, a pesar de que Argentina posee una mayor cantidad de plantas de producción farmacéutica que España (190 frente a 174), esto no se traduce en precios más bajos para los consumidores. Las estrategias comerciales de las empresas farmacéuticas y la falta de competencia en el mercado local han mantenido elevados los costos de los medicamentos. Esta situación limita el acceso a tratamientos necesarios. Especialmente, para los sectores más vulnerables de la sociedad, exacerbando las barreras de accesibilidad y deteriorando la sostenibilidad del sistema de salud.

Además, la UAS señala que los precios de los medicamentos han superado la tasa de inflación en varios períodos. Entre enero de 2017 y septiembre de 2024, el costo de los productos medicinales y equipos para la salud aumentó un 9.904,1%, muy por encima de la inflación general del 7.076% y del incremento de las cuotas de las prepagas (6.425,2%). Este incremento afecta tanto al sistema de salud público como al privado. Donde el gasto en medicamentos ahora representa el 40% del total de recursos financieros, comparado con un 20% hace una década.

El impacto de estos altos precios se refleja en una creciente desigualdad en el acceso a la salud. El Estado ha intentado mitigar los costos mediante compras centralizadas, como las realizadas por PAMI. Sin embargo, estas reducciones en el sector público a menudo resultan en mayores costos para las obras sociales y prepagas. Como resultado, los usuarios del sistema privado absorben los incrementos, lo que repercute negativamente en su capacidad de pago y acceso a la salud.