El Gobierno nacional busca avanzar en el decreto reglamentario de la reforma laboral incluida en la Ley Bases. Trans ser sancionada, el trámite de reglamentación seguía trabado en los despachos oficiales. Sin embargo, hoy se activó el expediente formal que sería firmado y publicado en los próximos días en el Boletín Oficial. Fuentes cercanas señalan que la demora se debió a un conflicto interno en la administración. El problema habría girado en torno al artículo que penaliza los bloqueos sindicales contra las empresas y los declara causal de despido justificado. Esto supone un fuerte golpe contra gremios que utilizan esta modalidad de protesta. Desde un sector de la CGT reclamaron que este artículo fuera atenuado.

Las diferencias se habrían producido entre Santiago Caputo y Federico Sturzenegger ante el reclamo de la CGT. El principal asesor presidencial, se mostró partidario de conformar a la CGT en la reglamentación de la reforma laboral. No obstante, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado busca que la redacción final del decreto respete el texto original y ponga mano dura sobre los gremios.

Bloqueos

El artículo en cuestión incorpora al bloqueo entre las causales del despido con justa causa, previstas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. De este modo, un empresario podría denunciar y gestionar la cesantía de un empleado que bloquea sin pagar la indemnización. Posteriormente, la resolución debería ser revisada por un juez. Lo que exigía la central gremial era quitarle al empleador la facultad de despedir previamente al trabajador que bloquea una empresa. Así, ante un episodio de este tipo, obligaría al empleador a tramitar el pedido en la justicia desde el inicio.

Un representante de la CGT señaló que se evalúa la posibilidad de establecer «un procedimiento judicial previo para que el juez determine si hay injuria grave en los casos de bloqueos y que el eventual despido no pase por una decisión del empleador”. «Es similar al procedimiento previo que existe para el desafuero de un delegado, donde existe una intervención judicial para que la determinación sea más técnica y menos discrecional”, agregó. Por el contrario, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazaron esta posibilidad. “Es inaceptable porque desnaturalizaría la figura contemplada en la ley y volvería a convertirla en algo negociable y no taxativo”, advirtieron.

Protocolo de Bullrich

Desde la Secretaría de Trabajo mantienen la alternativa intermedia de no reglamentar el artículo en cuestión. Sin embargo, rige el protocolo de actuación ante bloqueos dictado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El mismo plantea la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales, que recabarán pruebas sobre el desarrollo de la protesta e incluirán la identificación de los responsables con el fin de su “inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal”. También facilita a los empresarios la denuncia oficial de los bloqueos mediante una línea telefónica, WhatsApp o mail. Es así, que las medidas del Ejecutivo parecen ser, de igual forma, una dura derrota para el ala dura de la CGT.