El Gobierno nacional publicó hoy la reglamentación de parte de la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. El texto fue publicado en el Boletín Oficial e incluye cuatro capítulos: Reorganización Administrativa; Privatización; Procedimientos Administrativos; y Empleo Público, que tendrá una instancia de evaluación. En ese sentido, el Ejecutivo brindó precisiones sobre las empresas públicas y los procedimientos que regirán para su privatización parcial, total o la eventual concesión.

Al respecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, principal ideólogo de la reforma, sostuvo que “el Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”. El funcionario señaló que “estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados”.

Compañías del Estado

Entre las empresas que se encuentran incluidas en el régimen de privatizaciones se encuentran Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Por otro lado, entre las compañías excluidas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).

Proceso de privatización

El texto publicado en el Boletín Oficial detalla que el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar, deberá presentar al Poder Ejecutivo Nacional. Este reporte deberá debe incluir:

  • El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
  • El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.
  • La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.

Una copia de este informe detallado deberá ser enviada a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.

Convocatoria

La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de selección de la privatización deberá publicarse en el Boletín Oficial durante un período de siete días. La última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. El llamado también se hará a través del sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de los procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.

La falta de tasación debe justificarse en un informe detallado; en caso de que sea realizada por entidades privadas, nacionales o extranjeras, deberán contar con reconocida trayectoria. Por supuesto, deberá realizarse un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Controles

Antes de la formalización de los contratos, será obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Finalizado el proceso de privatización, la Autoridad de Aplicación deberá remitir las actuaciones correspondientes a la Auditoría General de la Nación para un examen final, con el que se busca asegurar la transparencia y adecuación del proceso.