Pese a los esfuerzos del oficialismo y al acuerdo con distintos bloques dialoguistas, el Gobierno no consiguió aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal esta semana. Desde la Libertad Avanza buscaban aprobar los proyectos en comisión antes de la fecha pensada para el Pacto de Mayo. Ahora, el Ejecutivo aspira a lograr un dictamen este mes y convocar una sesión para comienzos de junio. El oficialismo incorporó a Victoria Villarruel en la mesa de negociaciones junto Guillermo Francos y José Rolandi. Sin embargo, persisten fuertes cuestionamientos en distintos puntos la ley de Blanqueo de Capitales, el impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI). Estos seguirían dilatando un acuerdo en la Cámara Alta.

El debate en torno a la reforma fiscal en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de la Nación quedará suspendido por esta semana. No obstante, desde el oficialismo son optimistas de conseguir respaldos del radicalismo y de bancas provinciales los próximos días para alcanzar la aprobación en general de la Ley Bases. Si bien existe preocupación aún por el rechazo de algún artículo en particular, La Libertad Avanza se ve confiada en lograr consensos y sumar votos a las reformas. 

Expositores 

La sesión de comisión del jueves cerró una semana de exposiciones convocadas en su mayoría por el kirchnerismo. Representantes de distintas áreas brindaron su punto de vista acerca de las reformas que se buscan implementar. Uno de ellos fue Martin Reydó, director ejecutivo de la Fundación Fundar, quien expresó su rechazo al RIGI. Este señaló que «ya existen proyectos en mesa de entrada» por unos u$s 10.000 millones en «un escenario muy conservador de inversiones, que se van a hacer de igual forma pero que no necesitan este empuje fiscal y esta renuncia tributaria». Por su parte, Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, subrayó que se «necesita que el país facture mucho más y que tenga muchas más empresas».

También estuvo presente el director de cine Benjamín Naishtat, quien reconoció que «el INCAA y las políticas del fomento audiovisual son perfectibles», pero que sus políticas son federales. «Soy de los que creen que en la Argentina hay riqueza, pero el problema es cómo se distribuye. Creo que podemos darnos un horizonte en donde los chicos coman y además tengamos una cultura de la cual sentirnos orgullosos», manifestó.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto defendió el Banco de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). “En este recinto se conquistaron derechos consagrados en la Constitución Nacional y, en particular, se consolidó el derecho de verdad, memoria y justicia que tan alto ha sido que nos ha colocado en el mundo convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de derechos humanos”, subrayó.  «Son herramientas construidas por el Estado democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi 300 personas que aún viven con su identidad falsificada. Piensen en las innumerables dependencias y organismos que se han construido para resolver problemas o promover derechos que quedarán a merced de la decisión inconsulta del Poder Ejecutivo», resaltó.