Durante la conferencia de prensa de hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Según el portavoz, el Gobierno nacional comenzó el proceso de desmantelamiento, para el cierre total del organismo en todas las sedes del país. Además, sostuvo que es el primero de diferentes institutos que serán eliminados gradualmente. El Gobierno oficializó ayer la extensión de la intervención del organismo por 180 días y designó a María de los Ángeles Quiroga como interventora.

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos. Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos. Efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. El primero de ellos va a ser el INADI”, señaló Adorni. Este detalló que el organismo cuenta actualmente con 400 empleados y oficinas en todo el país. Por otro lado y sin dar nombres, sostuvo que lo conducían «funcionarios de dudosa idoneidad». “No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, manifestó.

El vocero no pudo especificar si el proceso se realizará por decreto, proyecto de ley o vía administrativa. Sin embargo, cuestionó los “tiempos burocráticos” para llevarlo a cabo. “Nos encantaría que el Inadi estuviese cerrado hoy, pero no se puede por una cuestión de tiempos”, sostuvo. Así también, afirmó que la prioridad del gobierno es achicar el Estado, “porque es la única herramienta para bajar impuestos”. 

El Instituto se creó en 1995, tras la sanción de la Ley 24.515. Este comenzó a funcionar en 1997, con el objetivo de combatir la discriminación en todas sus formas. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Su cierre estaba incluido en el proyecto de Ley Ómnibus rechazado en el Congreso de la Nación. La iniciativa fue del mismo presidente Javier Milei, quien sostuvo que este se había “convertido en un instrumento de persecución ideológica”.