Como parte del programa de reestructuración del Estado, el Gobierno intimó a 10 mil empleados de la planta permanente del Estado para que inicien sus trámites jubilatorios. La medida se hizo efectiva mediante la resolución 3/2024 publicada en el Boletín Oficial. El Ejecutivo nacional estableció que los titulares de las diferentes carteras tienen hasta 30 días hábiles para comunicarlo a los trabajadores que reúnan las condiciones. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, señalan que el objetivo es mejorar la eficiencia en la administración pública

“Actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente”, señalaron voceros de Desregulación. Por otro lado, argumentaron que la medida sire “para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

La medida se estableció en el marco de la reglamentación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La normativa señala que aquellos trabajadores en situación de jubilarse que hayan sido afectados por el proceso de reorganización, serán reubicados. Esto se mantendría hasta que efectivamente accedan al sistema previsional. No obstante, el Gobierno facultó a las autoridades cuyo rango no sea inferior al de secretario o equivalentes a solicitar una autorización excepcional para prorrogar por seis meses la medida. Esto se podría solicitar ante una necesidad estratégica de servicio para el normal funcionamiento de un área.

Cambios en la administración pública

A la reestructuración de la planta de trabajadores, se suma una serie de modificaciones para llevar competencia y operatividad en la función pública. Entre otras cosas, el Ejecutivo implementó un exámen de idoneidad para 40 mil empleados de planta transitoria y permanente. Por otro lado, se endurecerán los requisitos para trabajar en el Estado. La Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, sobre los mismos y cruzar datos para realizar las verificaciones correspondientes en un plazo de cinco días. Quienes ocupen cargos públicos deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales. No podrá efectuarse ninguna designación sin una acreditar aptitud psicofísica y los empleados deberán ser evaluados constantemente.