Beatriz recurrió a la justicia en el momento en que empezaron a llegar máquinas a su domicilio. Al momento, se anotició de que su parte de sus tierras habían sido expropiadas para a construcción de una planta. Allí empieza el calvario de la familia.

Beatriz Ponce, es dueña del terreno expropiado en la localidad de Burruyacú a manos del mismo Municipio. Un día fue notificada que sus tierras albergarían una nueva planta de tratamientos cloacales. Ese sentó frente a la entrada de su domicilio. Fue retirada por la fuerza policial para que ingresaran los operarios. En el video se puede escuchar como sus hijas lloran ante tal atropello. Se puede ver el video aquí.

Aunque pusieron un cartel de prohibido el paso, como si no se tratara de la propiedad privada de Beatriz, usan el ingreso mismo de la finca. Instalaron una carpa enorme en el lugar expropiado que son alrededor de siete hectáreas. El «campamento» se puede ver desde la galería donde reside la familia.

Este es un proyecto que hizo el exintendente Jorge Abraham Leal, actual legislador. Lo continuó su hijo Jorge Leal, quien es el actual Intendente de Burruyacú. «Un claro ejemplo del nepotismo en Tucumán», afirmó Ponce. La propiedad tiene ya un amparo, hasta la justicia no lo disponga no se puede continuar la obra. Beatriz, la propietaria del terreno, asegura que la obra sigue en marcha mediante talas de árboles y que continúa llegando maquinaria al lugar.

Así también, denunció ante la prensa que hicieron una conexión eléctrica que resultó en que ella no tuviese luz en su domicilio. «Ellos cortaron, no sé cómo hicieron. El electricista me dijo: ahí te hicieron algo, bajaron la luz para hacer una conexión ellos y te dejaron la llave bajada», relató Ponce.

La zona que talaron está ubicada a la par de un arroyo, desemboca primero en el Tajamar. Y sigue su curso hasta a la cuenca Salí Dulce. Pareciera un modus operandi común para las plantas de tratamiento. A la fecha se han denunciado más de tres plantas de arrojan los líquidos cloacales sin tratamiento a canales pluviales.

«Quiero que la justicia sea más rápida que lo que está haciendo y eleve toda las medidas que pedimos en la ratificación de la denuncia así podemos seguir la denuncia institucional», pidió Ponce. «Con lo que viví en el día de hoy estoy corroborando de que estos tipos me siguen hostigando, me siguen maltratando. Es un atropello», finalizó. El caso de la familia Ponce, no es el único en Tucumán. Hay expropiaciones en marcha en San Antonio, San Andrés y otras locaciones.