El gobernador Osvaldo Jaldo, se refirió esta mañana al sistema carcelario de la provincia. Tras ser consultado por el fallecimiento de un recluso en la Comisaría 11° el mandatario reiteró que existe un problema de sobrepoblación carcelaria. El jefe de Estado provincial brindó detalles de las medidas del Ejecutivo en materia carcelaria. En ese sentido, se refirió al traslado de al rededor de 1000 reclusos a nuevas unidades carcelarias de mayor seguridad. La medida liberaría plazas en las distintas comisarías.

«Hay una sobrepoblación de detenidos en las comisarias. No son para albergar presos, sino para que preste función la Policía realizando tareas de prevención y atendiendo al publico. Tenemos una sobrepoblación carcelaria, la última cárcel es Villa Urquiza para 1.200 detenidos, los detenidos que la justicia ordena y la Policía captura van a las comisarias. Este gobierno no solo tiene una política de seguridad sino también carcelaria. Por eso reitero que hasta fin de año vamos a trasladar 1000 detenidos», indicó Jaldo.

Política carcelaria

«Las comisarias pueden estar en muy buenas condiciones. Son para albergar detenidos de forma transitoria pero no condenados o con prisión preventiva. Tenemos problemas y lo reconocemos, por eso la implementación de la política carcelaria que viene a solucionar definitivamente este problema en momentos de crisis, escases financiera y presupuestaria en donde en muchos lugares hay restricción de recursos para el Estado», agregó.

El mandatario anticipo el traslado de 700 presos a la nueva unidad carcelaria de Benjamín Paz. A esto se suma el movimiento de 300 internos a la Alcaidía del Este. Esto dependerá de lo que determine la justicia. «Con estas 1000 plazas hay que pensar en equiparlo en tecnología, mobiliario, preparando el personal del servicio penitenciario que estará en una primera etapa. Luego, en una segunda etapa, vamos a seguir incorporando nuevos establecimientos carcelarios», adelantó el jede de Estado provincial.

Muerte en la Comisaría 11°

Días atrás, un interno identificado como Abel Delgado (27) habría fallecido producto de la falta de atención ante un deteriorado estado de salud. El hecho se conoció a través de sus compañeros de celda quienes compartieron en redes sociales las condiciones de detención. Tras el hecho, se realizaron fuertes críticas por el abandono de su defensa y el maltratado de jueces y fiscales.

Tras días de padecer un deplorable estado de salud y no ser atendido, el comisionado civil Fernando Korstanje intervino en la situación, solicitando que Delgado fuera trasladado urgentemente a un hospital para ser atendido. Al día siguiente, el SIPROSA atendió el pedido y llevaron al detenido al hospital Avellaneda. Horas después falleció por una infección, que se habría agravado por ser paciente con HIV. El episodio dejó al descubierto las pésimas condiciones en las que se encontraban los internos. Al respecto, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura denunció que la muerte se produjo como consecuencia de la negligencia por parte del Poder Judicial.