El mega DNU de Javier Milei ha copado el temario público, al punto de relegar la crudeza de la crisis económica. El foco de tensión está centrado en el Congreso y todo el mundo político sabe o supone que habrá también capítulos judiciales. Parece cantado: el decreto necesitó 83 páginas para desplegar 364 artículos, más dos de forma, que anulan o modifican leyes. Es difícil que el paraguas de la excepcionalidad pueda cubrir semejante texto por completo. Otro tema serán los tiempos y su impacto.

Por lo pronto, la mayoría de los constitucionalistas, incluidos algunos que ven con simpatía el ciclo abierto por Milei, cuestionan el armado del DNU. A saber, la condición extraordinaria de necesidad y urgencia que busca abarcar todos los asuntos incluidos en el decreto. Lo mismo se afirma en medios políticos, fuera de las posiciones que se juegan en la superficie.

La abundancia y variedad de asuntos desplegados en el DNU abre las puertas a cuestionamientos judiciales precisos, de uno o varios artículos. Nada es descartable, aunque la primera impresión es que difícilmente avancen presentaciones globales. Por supuesto, la Corte Suprema tiene la última palabra.

En el frente judicial, se pueden originar resoluciones puntuales a partir de amparos y reclamos de fondo. En el ámbito legislativo, es diferente. El Ejecutivo debe “dar cuenta” al Congreso y la norma impone una definición a todo o nada. Es decir, el aval o rechazo al DNU como pieza única y no artículo por artículo. Los interrogantes no se agotan en ese tablero de posiciones enfrentadas ¿Qué puede pasar en la Justicia y, sobre todo, cómo podría alterar planes políticos? Nada indica que vaya a ser intrascendente para el Gobierno y el Congreso.